Los cuestionamientos al proyecto de ley de fideicomiso público no son aéreos ni, al menos en todos los casos, propiamente políticos. Son otros quintales que haya algún sector de moral en entredicho interesado en desacreditarlo con el propósito de ganar algún rédito partidiario. Pero en términos generales los señalamientos hasta de dirigentes opositores han sido puntuales, bien fundamentados.
No se puede aducir que entidades como Participación Ciudadana o el abogado Enmanuel Esquea Guerrero, cuyas posiciones han sido más afines que contrarias al Gobierno, están entre los que torpedean el proyecto para evitar que se reglamente ese sistema administrativo. Tanto ellos como otros quieren que la ley no represente, como ha ocurrido al final de la jornada, una suerte de guillotina contra los intereses o el patrimonio público.
Hasta el exministro de Economía y dirigente del PLD, Juan Ariel Jiménez, ha sido muy comedido en sus críticas al destacar que el proyecto, de aprobarse tal y como fue presentado por el Ejecutivo, se violaría la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Es obvio que su oposición no es a la pieza en sí, sino a que a través de ella se atente contra la transparencia y el interés nacional.
Incurre el ministro de la Presidencia, Joel Santos, en un desatino con su advertencia de que el Gobierno no permitirá lo que define como intentos de la oposición en torpedear el proyecto de ley de fideicomiso “ante el evidente interés de que las reglas del pasado sigan intactas”. Con las observaciones formuladas por sectores sensatos no se persigue, como señala Santos, impedir el desarrollo y el progreso de la nación, sino que se proteja y respeten las leyes.
Si a través del proyecto se persigue fomentar la transparencia y la preservación del patrimonio público “como nunca en la historia”, rechazar cualquier tipo de aporte, como las observaciones que se han efectuado, no es la mejor manera de conseguir el objetivo.
Es verdad que la figura jurídica ha sido satanizada desde que fracasó la intención de implementarla para las plantas de Punta Catalina, pero no por ello hay que ver cualquier crítica como parte de un plan, sobre todo de la oposición, para impedir el desarrollo y el progreso del país.
