La Junta Central Electoral ha removido mi memoria tardía. Esto, a propósito de la “consulta”, congreso, convención o como se llame, en la que el Partido de la Liberación Dominicana escogió su candidato presidencial a contrapelo de la legislación electoral. La actitud de la JCE me ha movido a recordar lo que cuento a continuación.

Tendría yo 18 años cuando consulté a un sacerdote respecto de la responsabilidad de un cristiano frente a los gobiernos despóticos. ¿Es lícito participar en el ajusticiamiento de un dictador?, le pregunté. Pareció que el cura no supiera, de momento, qué responder, pero sí respondió. Vea usted su respuesta.

“Mira – me dijo- la Iglesia podría responderte mátalo primero y luego ven a consultar”. Es una posición dual en la que la autoridad no autoriza ni desautoriza. No se le puede acusar de apoyar lo incorrecto o improcedente, pero tampoco de intolerante y capaz de impedir derechos de otros.

Para su jornada del 16 de octubre, el PLD consultó a la Junta Central Electoral sobre el método para escoger, al margen de la ley, su candidato presidencial. Da la impresión – es suposición- de que la autoridad electoral les habría dicho a los morados: “Háganlo, pero se supone que nosotros no sabemos de eso”.

A principios de esta semana, la institución que organiza elecciones reprochó a los partidos políticos, así en plural, lo que llamó “desbordamiento proselitista”. De modo que atribuye a todas las organizaciones similar comportamiento al exhibido por el PLD para, entre seis aspirantes, seleccionar a destiempo un candidato.

“La Junta Central Electoral, en su rol de máxima autoridad de la administración electoral, ve con profunda preocupación el desbordamiento del proselitismo electoral que llevan a cabo Partidos Políticos y que amenaza gravemente con quebrantar la integridad electoral, pudiendo crear desafección en todo el sistema electoral”.

Así reza el segundo párrafo del comunicado publicado oficialmente el martes 25. Ni en ese ni en ningún otro documento, la JCE se ha referido a la pertinencia o no de la elección de un candidato presidencial antes del plazo que determina la ley. Menos se ha pronunciado sobre la legitimidad del proceso peledeísta.

Tampoco alcanza a definir el estatus de un candidato escogido mediante una acción brumosa de la que sus organizadores afirmaron, en comunicación escrita: “Esta actividad es solo consultiva y no constituye un proceso de elección ni de definición de precandidatos y no tendrá un carácter vinculante”. La Junta luce tímida. Y confunde.