Miembros del Servicio de Mediación del Poder Judicial
Santo Domingo.-Con más de dos décadas de implementación, la mediación judicial en la República Dominicana se consolida como una herramienta eficaz para la resolución pacífica de conflictos, con resultados que reflejan su impacto sostenido.
El Servicio de Mediación del Poder Judicial reporta más de 270,000 personas atendidas y alrededor de 50,000 sesiones realizadas, de las cuales se han derivado cerca de 30,000 acuerdos amistosos en casos que no llegaron a los tribunales.
El alcance del programa también se traduce en unas 70,000 personas impactadas directamente mediante soluciones construidas a través del diálogo, lo que refuerza su papel dentro de una justicia más accesible, inclusiva y centrada en las necesidades de la ciudadanía.
Este mecanismo fue elevado a política pública mediante la Resolución núm. 402-06, emitida el 9 de marzo de 2006 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, impulsando su adopción formal dentro del sistema judicial. Desde entonces, la mediación ha demostrado ser una vía ágil y efectiva para dirimir controversias sin recurrir a procesos judiciales, promoviendo acuerdos consensuados entre las partes involucradas.
El desarrollo del servicio inició con la apertura del primer Centro de Mediación Familiar, el 26 de abril de 2006 en el sector Gascue, Distrito Nacional, marcando un precedente en la modernización del sistema de justicia dominicano.
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Actualmente, el Poder Judicial dispone de 16 centros de mediación en distintos departamentos judiciales, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, San Francisco de Macorís, Puerto Plata y San Pedro de Macorís, operados por mediadores certificados con alta capacitación técnica. A esto se suma su presencia en todas las Casas Comunitarias de Justicia, espacios orientados a la prevención de conflictos y la promoción de la convivencia pacífica.
Los servicios abarcan conflictos en las áreas civil, familiar, comunitaria y penal, incluyendo temas como guarda, pensión alimentaria, régimen de visitas, autoridad parental, cobros, inquilinato, convivencia vecinal y asuntos de condominio, además de casos de estafa, abuso de confianza y amenazas de menor gravedad.
En 2024 se amplió la cobertura con la habilitación de nuevos centros en Hato del Yaque, en Santiago, y en Puerto Plata, en coordinación con el Centro Casas Comunitarias de Justicia, completando así la red de atención en estos espacios.
En el plano normativo, destaca la Resolución núm. 446-2023 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que establece el Reglamento General sobre Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos y la Guía para la Derivación Judicial a Mediación y Conciliación, fortaleciendo la integración de este modelo en el sistema judicial dominicano.
El Nacional
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