El consejo de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez denunció que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) procura con la acusación minimizar el legado de transformación al sistema penitenciario nacional.

Los abogados Carlos Balcácer y Gustavo Biaggi, representantes legales de Jean Alain culparon a las actuales autoridades del MP de abandonar la cárcel de La Nueva Victoria.

“En diciembre del 2020, la actual gestión de Miriam Germán Brito ratificó y aumentó hasta en 60 millones de pesos cada contrato de obra de la Cárcel La Nueva Victoria, estipulando como última fecha de entrega el mes de marzo del año 2021”, señalaron.

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“La acusación no ha podido contradecir que en las licitaciones participaron cientos de empresas y que las obras fueron adjudicadas a las de mayor prestigio con las ofertas más económicas. Tampoco han podido explicar el porqué, si hubo irregularidades, la Procuradora General Miriam Germán Brito, ratificó todos los contratos y les pagó 220 millones adicionales que no estaban contemplados, sin ningún cambio en las obras”, expresaron.

Refirieron que la PEPCA ha tirado a la basura cerca de 6,000 millones de pesos, y que permite que roben todos los equipos que se encontraban allí.

Señalaron que hace tres años la Nueva Victoria estaba lista para recibir 3,000 internos y equipada en su primera fase con más de 200 agentes, dotado con sistema de agua, energía, paneles solares ,decenas de vehículos, motocicletas, autobuses, 35,000 camas, colchones, sistema de comunicación, seguridad y miles de cámaras de video y computadoras, entre otras cosas.

Agregaron que también la dejaron con cocinas, enseres, estación de bomberos equipada, 12 caniles de ataque y detección de drogas, biblioteca equipada con más de 30,000 libros, 20 canchas de basquetbol, cuatro estadios de pelota, pista olímpica, gimnasios equipados, naves industriales y talleres para escuelas vocacionales, ocho iglesias completamente amuebladas, tribunales y centros de atención de la salud con sus equipos, uniformes y vestimenta para 8,700 privados de libertad.