La alerta de Finjus (Fundación Institucionalidad y Justicia) sobre los supuestos vacíos legales del proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) confirma que la pieza no fue consensuada y que no todo era tan bien como se veía.

Después de las polémicas que la antecedieron se tenía entendido que la reforma había sido consensuada entre los distintos sectores.

Si fue así hay que suponer unas modificaciones en el camino que han motivado la advertencia de Finjus, que se presume que participó en las discusiones.

Además de graves conflictos con la Constitución, la entidad jurídica cita duplicidad de funciones y amenaza a derechos fundamentales entre los males del proyecto que se debate en las cámaras legislativas.

Finjus advierte que si bien la seguridad nacional es prioritaria, toda actividad de inteligencia debe ejecutarse con estricta observancia de las competencias y potestades legalmente establecidas.

El proyecto faculta al DNI acceder a datos personales y telecomunicaciones como garantía de ciberseguridad.

Las observaciones de Finjus son un aporte para tomarse en cuenta ahora, porque en caso del proyecto ser aprobado como está la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional.