Fachada de la Junta Central Electoral (JCE)
Por más conjeturas a que puedan prestarse algunos de sus reclamos, la oposición tiene pleno derecho a demandar unas elecciones justas, equitativas y transparentes y la JCE a atender sus peticiones.
Pertenecen al pasado los tiempos en que la JCE ignoraba que los partidos son los protagonistas del sistema democrático e imponía su criterio.
Bien hace la JCE en evaluar la impugnación de la oposición de 1,510 presidentes y secretarios de colegios, así como del jefe de la Policía Militar Electoral, sin reparar en que se esté a menos de una semana de las votaciones.
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Cualquier decisión que se adopte tiene que estar debidamente fundamentada. La oposición no puede ser desoída en peticiones como el relevo del jefe de la Policía Militar Electoral, mayor general Juan José Otaño Jiménez, ni de los funcionarios de colegios por el supuesto mal desempeño que observarían en las votaciones municipales del 18 de febrero.
La oposición les atribuye la emisión de resultados descuadrados, con mucho más votos emitidos en un nivel de elección que en otro.
No hay que juzgar elementos secundarios, sino circunscribirse a los alegatos de la oposición para su reclamo.
El Nacional
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