Se tenía entendido que el Gobierno había dado como bueno y válido el costo de 2,445 millones de dólares por la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina. Pero tras el revuelo que se creó con el fideicomiso para operarlas, el propio presidente Luis Abinader entendió la necesidad de una auditoría financiera a las unidades.

Algunos sectores han reclamado que la experticia también sea forense, una posibilidad que el Gobierno no ha descartado.

Mientras tanto el consultor jurídico del Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, formalizó ante la Cámara de Cuentas la solicitud de la auditoría para determinar el costo de las unidades.

El análisis financiero no tiene otro objetivo que edificar a la opinión pública sobre la polémica obra. Es lo que aparenta. La incógnita está en el tiempo que se pueda tomar la Cámara de Cuentas para concluir el estudio.