No hay que dar muchas vueltas para reconocer que se trató de una inaceptable provocación la agresión de nacionales haitianos a inspectores de Migración que realizaban una redada en la Ciudad Juan Bosch.
Y como si fuera poco residentes en un apartamento colocaron una bandera haitiana en violación de la ley de símbolos patrios. La violencia no hace más que exacerbar la indignación de la población por la tolerancia con la numerosa inmigración haitiana en el territorio.
Lejos de colaborar con las autoridades los haitianos, legales e ilegales, se insubordinan con actos de violencia que tienen que enfrentarse.
En respuesta la Dirección de Migración ha hecho bien en redoblar las redadas contra los inmigrantes ilegales. Las autoridades no pueden bajo ninguna circunstancia dejarse intimidad por los inmigrantes haitianos. Ni permitir violaciones de la ley con la colocación de banderas del país vecino en ninguna parte del territorio. Los residentes legales saben que tienen que acogerse a las leyes.
Y que la zona que ocupan no son un coto cerrado, al que no se puede penetrar ni siquiera a nombre de la ley. Lo ocurrido en Ciudad Juan Bosch no puede verse como un acto aislado.
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Se trata de otro eslabón de agresiones protagonizadas por nacionales haitianos en el país. El caso no es como para iniciar una cacería de brujas, pero las autoridades tienen que estar advertidas de la resistencia de segmentos de la numerosa comunidad haitiana en el país.
