El Colegio de Abogados de la República Dominicana(CARD) denunció hoy los aprestos del Gobierno de desmantelar la independencia del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República con la instauración del Proyecto del Ministerio de Justicia.
“Con ese proyecto se busca aniquilar la independencia del Poder Judicial y de la Procuraduría, con la creación de un aparato burocrático sombra del Poder Ejecutivo, con intervención directa en la administración de justicia; incluyendo además la entrega de Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), cárceles y fiscalías de todo el país, bajo la sombra y control del Presidente de turno”, denunció el presidente del CARD, Miguel Surun Hernández.
Precisó que esa iniciativa del Ejecutivo pone en riesgo la seguridad jurídica inmobiliaria del país, al entregar al Poder Ejecutivo el nombramiento de políticos al frente del Registro de Títulos de Propiedad Inmobiliaria, de la Dirección de Mensuras Catastrales, lo cual destruiría la fiabilidad de los títulos de propiedad, de los deslindes y de las certificaciones de cargas y gravámenes, cuya expedición dependerá de un político, que perfectamente podría emular la fatídica experiencia de pasaportes.
“Lo propio ocurre con el INACIF, cuyo director será un político nombrado por el Presidente de la República, quien será el competente legal encargado de determinar, cuando una sustancia ocupada es o no es droga, cuando un documento es falso o legítimo, cuando la causa de muerte es o no es homicidio, cuando hay lesiones y su gravedad”, detalló Surun Hernández.
Señaló que dicho proyecto entrega el manejo de las cárceles al Presidente de la República, quien nombrará un político encargado del sistema carcelario, y del negocio de las certificaciones de buena conducta, y de las comidas a los presos, con la fatídica experiencia en el desayuno escolar, manejado por políticos.
“Es deplorable y sospechoso que dicho proyecto legítima contratos cuotas litis por el orden de los 50 mil millones de pesos otorgados a abogados relacionados a funcionarios palaciegos, al autorizar contratación de grado a grado, sin límite o fiscalización de profesionales del derecho en perjuicio del Estado Dominicano”, afirmó el dirigente gremial, acompañado por un grupo de abogados.
Indicó que el proyecto de Ley del Ministerio de Justicia en su artículo 29, entrega al Presidente de la República el control del ejercicio de la abogacía, de los notarios, de los alguaciles y de los Intérprete Judicial en un grave atentado a la autonomía e independencia del Colegio de abogados y de colegio de notarios, a quienes despoja de sus atribuciones legales, atentando contra el libre ejercicio de dichas profesiones, permitiendo que solo puedan ejercer quien no sea contrario a los intereses del Presidente de la República.
