La Inspectoría del Ministerio Público no se anduvo por las ramas al solicitar la suspensión del procurador de la Corte de Apelación de Montecristi y del fiscal de San Francisco de Macorís, quienes están en el centro de una tormenta mediática por decisiones controversiales.
El magistrado Juan Medina basó su petición al Consejo del Ministerio Público en que el procurador Antonio de Jesús Báez Tapia y el fiscal Engels Luis Polanco Henríquez incurrieron en faltas graves y “muy graves” en dos procesos judiciales.
Báez Tapia por desistir de un proceso contra una exfiscal y cuatro agentes de la DNCD acusados de implantar drogas en una peluquería de Villa Vásquez y Polanco Henríquez al solicitar la variación a garantía económica la prisión de un hombre acusado de ultimar a su mujer en San Francisco de Macorís.
La decisión de los magistrados no solo empaña la gestión de Miriam Germán en la Procuraduría General, sino que ha propiciado un movimiento que favorece una profilaxis en el Ministerio Público.
El inspector general se apartó de la habitual burocracia que tanto desespera e irrita a la población en las investigaciones para solicitar la suspensión de los magistrados.
