El caso del alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames, quien fue condenado a dos años de prisión, una multa de tres millones de pesos y una indemnización de cuatro, se torna más grave por la rebeldía de su partido, el PRSC, y destacados dirigentes contra el Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia del caso que se inició en 2018 por una demanda por trabajos realizados y no pagados interpuesta por el fallecido escultor Luis Alberto Castillo Cedano (El Artístico).

En lugar de acatar el fallo el presidente del PRSC en la provincia, el diputado Pedro Botello, ha instado a los regidores a la rebeldía al tildarlo de persecución política.

Con esa actitud Botello se aparta de las normas institucionales de la misma manera que lo ha hecho con la alteración del orden público con las movilizaciones para la devolución de los fondos de pensiones.

El caso del alcalde Adames está muy lejos de la persecución que aduce el PRSC cuando desde 2018 a la fecha ha recorrido todas las instancias. Deja mucho que desear que un legislador y el concejo de La Romana defiendan irregularidades en la función pública.