Con una oposición decidida a capitalizar políticamente el rechazo a la reforma fiscal es una quimera que el sector empresarial pretenda que se alcance consenso en torno al espinoso proyecto.

Y por más críticas que se hagan es impensable que el Gobierno retirará la pieza para complacer a los sectores que vaticinan catástrofes o se consideran afectados.

A estas alturas un diálogo entre el Gobierno y los distintos sectores para amortiguar el impacto del proyecto de ley de modernización fiscal es lo más viable.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de República Dominicana y otras entidades tienen la oportunidad de aprovechar la apertura del Gobierno y las vistas públicas que se celebrarán en el Congreso para exponer sus puntos de vistas en torno al proyecto.

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Ante el revuelo, no deja de ser significativa la observación del Conep en el sentido de reconocer la importancia de generar recursos adicionales que posibiliten satisfacer las demandas de la población en términos de servicios e infraestructura.

Con la reforma el Gobierno aspira recaudar más de 122 mil millones, pero es muy importante la disposición de negociar con los sectores que se consideran afectados.

Desde ya se da como hecho que el Gobierno, con diálogo o sin diálogo con los empresarios y representantes de otras entidades, el monto podría ser ajustado sin los gravámenes a los artículos de la canasta familiar.