La única reforma a la Constitución vigente que podría abrirle cauces a una institucionalidad democrática es aquella que dé paso a un Poder Constituyente independiente del Poder Constituido, que instale una Asamblea Constituyente electa por el pueblo: soberana, popular y participativa.

Para eso habría que modificar el espacio institucional o “poder del Estado” al cual la Constitución del 2010 le asigna los cambios a realizar en los contenidos de la Carta Sustantiva; habría que quitarle esa función crucial a la actual Asamblea Legislativa convertida en Asamblea Revisora; es decir, anular para esos fines el actual Congreso, en nada confiable para hacer los cambios constitucionales que el país necesita.

A la Constituyente Soberana se han opuesto –y se oponen rotundamente- la partidocracia y las cúpulas empresariales y eclesiales que controlan todos los poderes del Estado. Ella solo se lograría destronando -vía movilizaciones multitudinarias- ese Congreso espurio, predominantemente corrupto, entreguista y conservador; u obligándolo, con el pueblo en las calles, a desistir de esas funciones y aceptar la convocatoria de elecciones para una Constituyente Soberana.

Es para eso que hay que unir el mayor abanico posible de actores políticos, sociales y culturales. Lo otro es caer en la trampa que impone como escenarios de los pactos propuestos y las reformas sin definiciones de contenidos planteadas por el presidente Abinader, tanto el Consejo Económico y Social como la Asamblea Revisora, equivalente a asignarle la supuesta “salvación” y “transformación” del país a quienes lo han hundido, lo siguen hundiendo y dominan esos espacios.

Sin cambios que rescaten, desde el pueblo movilizado, la soberanía del Estado respecto a EE. UU., la vigencia de los derechos del ser humano y la Madre Tierra, y el patrimonio público y natural de la Nación enajenados, la transformación prometida es una farsa, las reformas maquillajes y lo anunciado puro teatro electorero con demagogia.

Y es peor aún mientras el Gobierno sigue con el tipo de endeudamiento externo en boga, las intervenciones del Comando Sur del Pentágono (incluye hasta la remodelación del Puerto de Manzanillo), las APPS como palancas privatizadoras y desnacionalizadoras, las ventas de activos del Estado, las administraciones privadas de riquezas y empresas públicas, la inacción frente a la carestía brutal, el asalto empresarial al Gobierno, la impunidad rampante de la narco-política, la corrupción empresarial, militar y policial camufladas, la traición de las tres causales y los espacios de diálogo y concertación concedidos al PLD-PRSC-FP-PRD-PPH para obstruir o pervertir los consensos pretendidos por el PRM-Abinader. Todo fríamente calculado.

Por: Narciso Isa Conde narsoisaconde@gmail.com