Santo Domingo.– La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, continúa conociendo este miércoles la solicitud de medida de coerción contra el empresario Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat, en su calidad de propietarios del centro nocturno Jet Set Club.
La audiencia inició pasadas las 11:45 de la mañana, tras el traslado de los imputados a la sala. Ambos son señalados por el Ministerio Público como responsables del colapso del techo del establecimiento, ocurrido el pasado 8 de abril, tragedia que dejó 236 personas muertas y más de 180 heridas durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció.
El Ministerio Público, representado por fiscales de la Dirección General de Persecución, mantiene su solicitud de prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana Maribel, alegando que ambos actuaron con “irresponsabilidad y negligencia criminal”.
Desde primeras horas del día, decenas de agentes policiales resguardan el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras periodistas y camarógrafos se mantienen en los pasillos del tribunal a la espera de la decisión.
Previo a la audiencia, el abogado Ángel Lockward, representante de más de 20 víctimas, informó que las demandas por indemnización podrían superar los 10 mil millones de pesos. “Hay 130 huérfanos que perdieron a sus padres, personas que tenían su vida asegurada y hoy no saben qué será de su futuro”, expresó.
El expediente del Ministerio Público
El documento acusatorio, firmado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de Persecución del Ministerio Público; la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; y los fiscales Héctor García, Magalys Sánchez, Enamuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria, establece que los imputados violaron los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, que sancionan el homicidio involuntario y las lesiones causadas por negligencia.
Tras la tragedia, ocurrida en la discoteca ubicada en la plaza El Portal, en el kilómetro 6 de la avenida Independencia, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso acudió al lugar e instruyó la preservación de la escena para fines de investigación. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), dirigido por el general retirado Juan Manuel Méndez García, entregó el sitio al Ministerio Público una vez concluidas las labores de rescate.
Como parte de la investigación técnica, fueron designados los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), quienes realizaron un peritaje estructural del edificio.
Conclusiones del peritaje e imputaciones
Las investigaciones concluyen que los hermanos Espaillat López operaban el Jet Set bajo condiciones estructurales peligrosas, con graves omisiones en el mantenimiento y sin los permisos correspondientes para remodelaciones significativas que alteraron el diseño original del edificio, antiguamente un cine.
Los fiscales detallan que los imputados ordenaron la eliminación de una columna estructural clave y sobrecargaron el techo con equipos pesados como aires acondicionados industriales, tinacos, ductos y estructuras técnicas, todo sin estudios previos que garantizaran la seguridad.
Pese a las advertencias de empleados sobre la caída de escombros y signos visibles de deterioro, los propietarios ignoraron las alertas. La noche del desplome, Maribel Espaillat se negó a suspender la actividad alegando que no podía hacerlo sin la autorización de su hermano, priorizando el beneficio económico sobre la seguridad de los asistentes.
“El Jet Set funcionó durante años con remodelaciones ilegales, sin evaluación técnica ni supervisión municipal. Las modificaciones fueron hechas de forma empírica, comprometiendo la estabilidad de la estructura”, señala el Ministerio Público.
Asimismo, el expediente documenta que los imputados intimidaron a testigos para impedir que ofrecieran información relevante al proceso, lo que agrava su responsabilidad penal.
Los peritajes concluyen que las fallas estructurales —como el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de soporte— fueron directamente causadas por las intervenciones ilegales de los imputados. “Los hechos del 8 de abril eran totalmente evitables si los responsables hubiesen actuado conforme a la ley y priorizado la vida humana sobre el lucro”, concluye el Ministerio Público.
