La Contraloría General de la República aclaró que no existen diferencias con la Procuraduría General de la República ni con ninguna de sus dependencias, ya que entre ambas primas el respeto mutuo y la colaboración interinstitucional.

Así lo afirmó el contralor general de la República, Catalino Correa Hiciano, quien además resaltó que la institución a su cargo se limita a responder oportunamente los requerimientos que se le solicitan, respetando la independencia del Ministerio Público.

Sostuvo que la Contraloría actúa en el marco de sus funciones como órgano rector del control interno, conforme establece la Constitución y las leyes que rigen el ordenamiento jurídico dominicano.

Asimismo, precisó que las decisiones que tome el Ministerio Público se escapan del ámbito de las funciones de la Contraloría.

La Contraloría General de la República había acusado a la Procuraduría General de la República, a través de la Pepca del uso arbitrario de un documento de mero trámite para interponer oposiciones e iniciar procesos judiciales en contra de personas físicas y jurídicas en una instancia judicial depositada en fecha 5 de agosto de este año por ante la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.

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En tanto que el jurista Ángel Lockward demandó la nulidad de varios procesos judiciales y solicitó a la procuradora Miriam Germán Brito la investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

De acuerdo a Lockward, la solicitud se debe a que la Pepca ha estado utilizando un “informe de puro trámite” atribuido a la Contraloría General para diligencias judiciales, que ha embargado pagos por RD$17 mil millones a 89 empresas y personas y que ha interrogado a más de cien personas.