La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aseguró esta mañana que oportunamente se referirá a los contratos que ha obtenido grado a grado el Instituto Nacional de la Aguja (Inaguja), por más de 150 millones de pesos para la confección de prendas textiles.
“La DGCP emitirá oportunamente sus consideraciones con respecto a esta denuncia”, dijo esta mañana vía Whatsapp la directora de Comunicación de esa institución, María Teresa Morel.
La ley de contrataciones públicas prohíbe la contratación grado a grado de bienes y servicios.
La Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes y servicios, obras y concesiones tiene por objeto establecer los principios y normas y generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado.
También establece las modalidades que dentro de cada especialidad puedan considerarse, por lo que el Sistema de Contratación Pública está integrado por estos principios, normas, órganos y procesos que rigen y son utilizados por los organismos públicos para adquirir bienes y servicios, contratar obras públicas y otorgar concesiones, así como sus modalidades.
“Están sujetos a las regulaciones previstas en esta ley y sus reglamentos, los organismos del sector público que integran los siguientes agregados institucionales: El Gobierno Central, las instituciones descentralizadas y autónomas financieras y no financieras; las instituciones públicas de la seguridad social; los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional; las empresas públicas no financieras y financieras, y cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones con fondos públicos”, indica el artículo 2 de dicha ley.
Textileros
La Federación Dominicana de Textileros (Fedotex) calificó de ilegal las adjudicaciones grado a grado de contratos por más de 150 millones de pesos.
Fernando Pinales, presidente de la entidad, sostiene que tienen constancia de que el Inaguja, sin licitación ha obtenido contratos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Instituto Postal Dominicano (Inspodom), y las alcaldías del Distrito Nacional (ADN) y de Santo Domingo Este (ASDE).
También del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), y los ministerios de Agricultura y Energía y Minas.
Asimismo en el Servicio Nacional de Salud, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP) y la Autoridad Portuaria de República Dominicana.
Habla Inaguja
El Instituto Nacional de la Aguja aseguró ayer que ha actuado dentro del marco de la Ley.
Dijo que tomó conocimiento a través de los medios de comunicación de denuncias infundadas cuyo único propósito es desvirtuar el gran trabajo que se viene realizando en favor de la sociedad dominicana.
“Nuestra institución ha actuado siempre observando los procesos de ley de manera responsable y transparente”, precisan en un documento.
Dicen que Inaguja ha desarrollado acuerdos interinstitucionales con entidades del sector público, en cumplimiento con las funciones propias de la institución y que históricamente se han llevado a cabo, procurando el bienestar y desarrollo humano de miles de mujeres.
Otra
Otra situación similar ocurre en el Ministerio de Energía y Minas con la contratación de la empresa Llorente y Cuenca por casi 17 millones de pesos que a la fecha Contrataciones Públicas no se ha referido al tema ni la Dirección de Ética Gubernamental ni la compañía aseguradora de Punta Catalina.
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