Editorial Opinión

¡Cuidado con eso!

¡Cuidado con eso!

El Gobierno está compelido a retirar cuanto antes del Congreso el proyecto de ley de protección a las personas víctimas o sobrevivientes de trata y objeto de tráfico ilícito de migrantes, esperpento jurídico de confección foránea que procura malograr la soberanía nacional.

En virtud de ese adefesio, el Estado dominicano se obligaría a otorgar residencia legal, manutención y demás prerrogativas económicas y sociales a extranjeros que al cruzar la frontera o arriben por cualquier vía, invoquen la condición de afectados por esos tipos penales.

Hay que imaginarse si en un previsible desenfreno migratorio desde Haití, miles y miles de migrantes reclaman acogerse a esa ley, que incluye la obligación de los ciudadanos dominicanos de tributar aportes para financiar su alimentación y cobijo.

República Dominicana hace tiempo que se acoge a protocolos de la Organización Mundial de las Migraciones aplicados a migrantes que huyen de sus territorios por razones de persecución política, étnica o religiosa, o que son víctimas de trata o migración ilícita, pero en ningún modo puede aceptar esa camisa de fuerza migratoria.

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El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Legislativo, pretende que Gobierno y población se hagan cargo, con gastos incluidos, de una eventual vorágine migratoria haitiana, que sería disfrazada como causada por tráfico ilícito, y no por el abandono a que ha sido sometido ese empobrecido país.

Un estatuto de esa naturaleza sería de imposible aplicación incluso en naciones donde la migración no coloca en riesgo a sus instituciones políticas, menos aún en un Estado como el dominicano, amenazado por estampidas migratorias que generarían la anarquía, violencia, pobreza, inseguridad y marginalidad prevalecientes en Haití.

El colmo de ese proyecto de ley es que pretende imponer cargas tributarias a personas físicas y jurídicas para financiar a inmigrantes que invoquen ese estatuto, a los cuales el Estado deberá proveer de empleo, vivienda, salud, educación, residencia legal y, obviamente, de vías jurídicas para obtener la nacionalidad.

El presidente Luis Abinader está en el deber de desistir de tan peligrosa iniciativa, que se mercadea como una ley humanitaria, pero cuyo propósito malsano es el de malograr la soberanía nacional al pretender legalizar un eventual estallido migratorio haitiano.

El Nacional

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