El fiscal Aurelio Valdez Alcántara
SANTO DOMINGO.– La jueza especial de Instrucción dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el fiscal que gestionó y recibió, mediante una entrega controlada, la suma de diez mil dólares (US$10,000) de una persona bajo investigación del órgano acusador.
El imputado, Aurelio Valdez Alcántara, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), está acusado por el Ministerio Público de violar varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
La decisión fue adoptada por la magistrada Ysis Muñiz, del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, luego de rechazar varios incidentes presentados por la defensa técnica, incluyendo una solicitud de nulidad del proceso.
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El tribunal declaró regular y válida la solicitud de medida de coerción depositada el pasado 29 de marzo por el Ministerio Público, representado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, el procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución, y el fiscal Andrés Mena.
En relación con el allanamiento, la jueza estableció que la autorización correspondía al domicilio del investigado, hecho que fue admitido por la propia defensa.
Sobre el peligro de fuga, Muñiz explicó que, además de factores como domicilio fijo, arraigo laboral, social y familiar, los tribunales deben ponderar elementos vinculados al hecho punible, como la gravedad del delito, el daño causado, la pena posible y la conducta del imputado frente al proceso.
Durante la audiencia, el Ministerio Público había solicitado un año de prisión preventiva contra Valdez Alcántara.
El equipo litigante estuvo encabezado por Wilson Camacho, junto a la procuradora de corte Carmen Alardo y el fiscal Andrés Mena.
La magistrada celebró la audiencia tras ser ratificada por el pleno de la Cámara Penal, luego de que se declarara inadmisible la recusación presentada por la defensa en abril.
La jornada inició pasadas las 2:00 de la tarde del martes y concluyó alrededor de las 2:30 de la madrugada del miércoles.
La revisión de la medida de coerción fue fijada para el 29 de junio de 2026.
Finalmente, la jueza precisó que, una vez se concreta la entrega, el hecho entra en fase de tentativa y se configura la flagrancia, lo que obliga a las autoridades a intervenir para asegurar pruebas y evitar que el sospechoso evada la vigilancia controlada autorizada.
