No es serio ni riguroso a la hora de defender la alarma continua frente a los delitos ambientales, no prestar la buena atención al asunto por parte del Ministerio y evadir su responsabilidad con argumentos reducidos a simplezas como: “la protección del medioambiente en el país ameritaría unos cinco millones de policías y militares para colocar uno detrás de cada uno de los once millones de habitantes, cosa que no es posible”; o, “no hay quien sostenga 300 hombres en Los Haitises por cinco o seis meses, no hay bolsillo que lo aguante”; también “una legislación más contundente para perseguir y sancionar los delitos…”.

Aunque el ministro no sea un experto puro en ciencias forestales o de ecología, si hay voluntad y tino las cosas funcionan, pero como es lo contrario, no valen las herramientas legales, culturales y económicas que pongamos a su disposición, que, aunque algunos de sus planteamientos sean ciertos en algunos casos, no es excusa para ahogar la autoridad llegando a meter la cabeza en el agujero del avestruz ante el mensaje que hay que mandar.

Decididamente, estas respuestas del ministro resultan, como poco, inauditas. Es innegable que el corte de árboles, el humo, la extracción de materiales de ríos, o el secado de humedales es visible desde el aire. Entonces, con una simple coordinación con la Fuerza Aérea Dominicana, que no carece de limitaciones temporales pues siempre ha dado cobertura a la industria azucarera y a los mismos bosques, reportaría los daños a las unidades especializadas para perseguirlos.

Incluso pueden abordarse conjuntamente trabajos silviculturales, y su efecto positivo y beneficioso de estas posibilidades técnicas son útiles a la hora de asumir costos para la vigilancia y restauración de los permanentes dolores que le causan a la salud ambiental.

A mi modo de ver, no es necesario tantos militares fijos, pero lo que es evidente es que el ministro no haya priorizado estas acciones, quizás por estar distraído y ensimismado con rebatir a sus críticos.