El proyecto de modificación a la ley 225-20 sobre residuos sólidos, aprobado en dos lecturas consecutivas en el Senado, se ha convertido en piedra de discordia entre los diversos sectores que serían impactados por ese estatuto, definido como técnicamente cuestionable y un retroceso contra la sostenibilidad ambiental.

Entre las objeciones que se formulan contra la reforma que se pretende introducir a esa ley se menciona que instituye una especie de gravamen cuyo monto estaría medido por los ingresos promedio de las empresas y no por la generación de desechos sólidos que generen las unidades productivas.

También se cuestiona la mención del uso de aditivos en la gestión y procesamiento de la basura, de cuestionada calidad biodegradable, altamente peligrosos para el medio ambiente, al señalar que ese proyecto carece de enfoque inclusivo que aborde los problemas de contaminación procedentes de la basura.

Puedes leer: Rechazan cambios en Ley Residuos Sólidos

Romina Santroni, experta en temas ambientales, considera que la modificación que se pretende aplicar a la ley vigente es lo más parecido al concepto de “lavado de imagen verde” (“Green washing”)porque postergaría el inicio de la recogida selectiva de residuos por las alcaldías, con lo que el sistema de gestión sería despojado de una de sus acciones principales, la separación en las fuentes.

Quienes respaldan esa iniciativa refieren que generaría más recursos a los ayuntamientos y juntas municipales para la gestión de recogida y reciclaje de desechos sólidos, pero el viceministro de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, censura que se pretenda extender por cinco años la eliminación de fundas plásticas.

En el ámbito técnico, el funcionario ha advertido que son inalcanzables las metas de reciclaje que se exigen en ese proyecto a los fabricantes, de incorporar un 10 % de resinas recicladas en 2026 y un 30 % en 2027, lo que no han logrado países con sistemas avanzados como México y España, lo que define como una incongruencia.

Llama la atención que esa pieza legislativa, de autoría del senador Rogelio Genao, haya sido literalmente aprobada de la noche a la mañana en el Senado, por lo que lo sensato sería que en la Cámara de Diputados sea objeto de una más amplia discusión y consenso, dado su contenido altamente técnico y porque instituye un gravamen tildado de injusto y oneroso.

Se requiere actualizar la ley que rige la gestión integral de procesamiento de desechos sólidos, como también se reconoce que la clausura de vertederos a cielo abierto requiere de financiamiento, pero es menester que las modificaciones sugeridas en ese estatuto sean socializadas con los diversos sectores sociales, empresariales y autoridades medioambientales.