Las casas editoras que concursaron y ganaron en buena lid no tienen por qué preocuparse por la supuesta colusión detectada por la Dirección de Contrataciones Públicas en la licitación del Ministerio de Educación para la adquisición de libros de texto en forma digital.

En todo caso son los organizadores del concurso y las casas editoras afectadas los que tienen que dar la cara sobre la supuesta irregularidad con la transacción. Contrataciones Públicas ha encontrado relación entre proveedores beneficiados por el Ministerio de Educación que hay indicios de colusión y un entramado que vincula a seis empresas.

Durante la gestión del exministro Roberto Fulcar la cartera convocó la licitación, que supuso una inversión de 2,539 millones de pesos, mediante un proceso de excepción por exclusividad.

Sin embargo, la adjudicación se efectuó por 1,860 millones de pesos. Aunque algunas editoras y las propias autoridades han defendido la transparencia, desde el primer momento en el concurso fue impugnado por empresas que denunciaron irregularidades. En aras de la pulcritud el caso tiene que aclararse y establecerse responsabilidades, si las hay.