El consejo de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez denunció que la Cámara de Cuentas violó el debido proceso al desacatar una resolución judicial, que autorizaba la petición de su cliente para que un perito validara junto con los auditores de dicho órgano los hallazgos de supuestas irregularidades en su gestión.

En ese sentido, los abogados del exrepresentante del Ministerio Público adujeron que el órgano fiscalizador desconoce y no publica en su resolución que la documentación no suministrada fue por parte de la actual Procuraduría General de la República, ya que su defendido nunca ha sido investigado, a pesar de estar siempre dispuesto a colaborar.

Los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Francisco Franco acusaron al Ministerio Público de continuar actuando al margen de la ley, al filtrar, sin haber notificado a su defendido ni a sus abogados la existencia del informe emitido por la Cámara de Cuentas

“No deja de sorprender la manera irresponsable con la que actúa el Ministerio Público, que desde el inicio del proceso ha violentado y vulnerado el debido proceso de ley. Ahora tienen el descaro de no solo de mentir y manipular las informaciones, sino que filtran documentos e informes previos a ser notificados a las partes interesadas y peor aún, antes de que la Cámara de Cuentas lo publique en su portal oficial como establece la ley”, refirieron.

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Refieren que el MP Omiten partes importantes del informe a su conveniencia, que puntualizan el enorme deterioro y abandono en el que se encuentran las edificaciones y la responsabilidad de la actual Procuraduría General de la República en su mantenimiento y conservación”, señaló el Dr. Carlos Balcácer.

Informe CC

La auditoría de la Cámara de Cuentas revela que en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario ejecutado durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez se cometieron varias irregularidades, especificando la adjudicación de RD$103.5 millones a una empresa de una exfuncionaria del Ministerio de la Presidencia, a la que no identifican.

El informe señala vicios ocultos en la construcción de la Nueva Victoria, valorados en RD$438.7 millones; y gastos ascendentes a RD$1,526,048,954 para la inauguración y equipamientos sin culminar la obra.

Establece el órgano fiscalizador en su investigación que para la ejecución del Plan también se hicieron desembolsos de manera irregular por más de RD$617 millones como avances, sin obtener certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía.

Refiere que a un consorcio que no tenía registro de proveedor del Estado, se le adjudicó RD$510.1 millones; y a un proveedor sin evidencia de documentación legal y técnica, otros RS$348.3 millones y que se hicieron pagos fuera del objeto del contrato por un monto ascendente a RS$776.4 millones, y se adjudicaron obras por un valor de RD$109.9 millones a empresas pertenecientes a los mismos socios, mediante un mismo procedimiento de selección.

Otras de las irregularidades encontradas fue la ausencia de reporte de inventario y registros en sistema de activos fijos, ascendentes a a RD$1,522,035,660; acta de recepción final previo culminar última cubicación, por un monto de $214.8 millones; diferecia entre montos cubicados y facturas ascendentes a $64,300 y $3.7 millones, respectivamente.