El equipo legal del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta Fernández exigió hoy el cierre definitivo del caso que lo mantiene en prisión, al considerar que se trata de un absurdo jurídico que desacredita el proceso judicial y que el Ministerio Público ocultó deliberadamente información vital para la transparencia del proceso judicial.

“La gravedad de la conducta que pone de manifiesto este hecho, así como la magnitud del absurdo jurídico que representa, desacreditan totalmente el proceso en el caso que nos ocupa. Esto es razón suficiente, no ya para el cese inmediato de la prisión preventiva que injustamente pesa sobre José Ramón Peralta Fernández, sino para el cierre total del proceso en su contra”, expresa.

En rueda de prensa, los abogados doctores Santiago Rodríguez, Pedro Balbuena, Chanel Liranzo y Emery Rodríguez, afirman que a su defendido se le ha mantenido en prisión preventiva desde hace más de siete meses sin que ningún tribunal le haya revisado la medida de coerción.

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Precisan que ni la revisión obligatoria, que según la ley debe producirse cada tres meses de manera automática, ni la que se ha presentado a solicitud del imputado, se han podido producir durante el proceso.

Ocultaron información

Asegura que en el caso contra Peralta Fernández fue utilizado un interrogatorio con la sola finalidad de involucrarlo en un expediente con el que no guarda relación alguna.

“Las declaraciones dadas por el delator Bolívar Ventura en diciembre de 2022, en base a las cuales está preso José Ramón Peralta Fernández, son totalmente contradictorias con las ofrecidas en otro interrogatorio, ante los mismos fiscales, casi 13 meses antes”, sostiene.

Indica, el equipo legal que el 27 de noviembre de 2021 el delator Bolívar Ventura afirmó haber entregado los mismos 527 millones, 634 mil, 838 pesos a los señores Fernando Crisóstomo, Mimilo Jiménez y José Arturo Ureña, en un apartamento en Piantini, sin que en ninguna parte de ese interrogatorio menciona a su defendido.

Sostiene el equipo que trece meses después, “cuando estaba a punto de ser acusado por el Ministerio Público, el delator Bolívar Ventura cambia totalmente su versión, y afirma haber entregado la misma cantidad de dinero, con soporte en los mismos cheques, por los mismos montos, pero esta vez sus destinatarios y el lugar de entrega en distintos. Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, son cambiados por otros actores, donde incluyen a José Ramón Peralta Fernández; y el apartamento de Piantini donde dijo haber entregado el dinero 13 meses antes, es cambiado por una Oficina Política en Bella Vista”.

Afirmó que esa contradicción deja preguntas imposibles de responder, y actuaciones imposibles de justificar.

Sostiene que “detrás de tantas violaciones, arbitrariedades y obstáculos para que un tribunal escuche por primera vez los motivos de la revisión, se encuentra el temor a ventilar la existencia de los dos interrogatorios antes indicados”.

Al margen de la ley

El documento refiere que Peralta Fernández es un preso sin causa y al margen de la ley, en virtud de que conforme a la legislación dominicana para una persona ser reducida a prisión es imprescindible la existencia de una apariencia de delito y de la participación de la persona en la comisión del mismo.

En este caso no concurren ni una cosa, ni la otra, agrega, lo único aportado por el Ministerio Público para pretender generar la apariencia de un ilícito, y de su vinculación con el mismo, fue un interrogatorio realizado el 9 de diciembre de 2022 al delator premiado Bolívar Ventura, quien afirma haberse reunido con el señor José Ramón Peralta Fernández y que supuestamente recibió instrucciones suyas y que entregó, a través de un tercero, la suma de 527 millones, 634 mil 838 pesos.

Indica que la mera delación de un imputado, sin haber sido sometida a diligencias de corroboración, no es razón para reducir a prisión preventiva a una persona, como ha sucedido con José Ramón Peralta Fernández, “por lo que afirmamos que es un preso sin causa y al margen de la ley”.

Violación
La violación de los derechos del imputado en el caso de corrupción administrativa denominado “Operación Calamar” ha sido tan frecuente que la jueza Patricia Padilla, decidió administrativamente una revisión.