La colaboración judicial se ha convertido en una tabla de salvación para muchos que, tras cometer actos de corrupción administrativa, pasan a ser principales delatores de sus cómplices de delitos.

Con base en las llamadas delaciones premiadas, el Ministerio Público ha logrado instrumentar expedientes en contra de exfuncionarios y militares, tanto de gobiernos pasados como de las actuales autoridades.

Esta práctica se ha convertido en la regla del juego del órgano persecutor en los últimos años, enviando un mensaje cuestionable a la sociedad, que observa cómo personas que sustraen recursos del erario público conservan parte de ese dinero a cambio de una simple colaboración.

La delación más reciente se produjo en el caso Senasa, donde figuran como principales colaboradores Cinty Acosta Sención, el empresario Eduardo Read Estrella y José Ortiz Giráldez, piezas clave del entramado de corrupción de la ARS estatal, que involucra alrededor de 15,000 millones de pesos.

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Las delaciones premiadas se ha vuelto crucial en casos de corrupción en la administración pública

Como negociador por excelencia sobresale el nombre de José Ortiz Giráldez, quien, además de aparecer como el principal recaudador del exdirector de Senasa, Santiago Hazim, también negoció su libertad en el caso Calamar.

Según el expediente del caso Senasa, Ortiz Giráldez habría cobrado más de 1,650 millones de pesos en sobornos para entregarlos a Hazim, de los cuales se quedó con el 10 %, equivalente a más de 104 millones de pesos, dinero del que se desconoce si fue devuelto total o parcialmente.

Como colaboradores beneficiados por el Ministerio Público en este caso también figuran Cinty Acosta Sención y el empresario Eduardo Read Estrella, a quienes el órgano persecutor varió la solicitud de medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva por prisión domiciliaria.

Su colaboración evitó que fueran enviados a la cárcel, siendo remitidos a sus hogares bajo la modalidad de arresto domiciliario como medida de coerción.

Delator de delatores

Como delator de delatores figura el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien, para salvarse, firmó un acuerdo con el Ministerio Público a cambio de revelar cómo operaba el entramado de corrupción desmantelado mediante la operación Coral–Coral 5G.

En esa misma condición aparecen el empresario Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) y Fernando Crisóstomo Herrera, involucrados en el caso de corrupción Calamar, quienes devolvieron al Estado la suma de 1,816 millones 770 mil pesos con 78 centavos, además de bienes, tras negociar con el Ministerio Público, que desistió de la acción penal en su contra.

De manera particular, Jiménez Collie (Mimilo) acordó devolver al Estado 715 millones de pesos, bajo el compromiso de que, para esos fines, se le otorguen contrataciones públicas de obras. En los corrillos judiciales es señalado como el negociador privilegiado del Ministerio Público.

Odebrecht

Las delaciones en el país tomaron auge en 2017, con el acuerdo entre el Ministerio Público y la constructora Norberto Odebrecht, mediante el cual la empresa se comprometió a devolver 184 millones de dólares a cambio de que sus funcionarios no fueran incluidos en el expediente y testificaran contra los imputados.

En dicho acuerdo, Odebrecht admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios dominicanos a cambio de obras públicas. Por estos hechos fueron procesados como figuras principales el empresario Ángel Rondón, Tommy Galán, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el actual ministro Andrés Bautista, quien finalmente fue descargado.