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Denuncias en limbo

Denuncias en limbo

Las supuestas irregularidades que trató de aclarar el defensor del Pueblo cuando fue agredido en el canódromo todavía están el aire. La Policía no ha concluido la investigación que ordenó, al menos hasta donde se sepa, para establecer si es verdad la corrupción denunciada en el recinto con la retención y entrega de vehículos.

El expediente contra la coronela Ysabelita de los Santos Pérez y varios agentes de la Digesett que anunció la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, es por los golpes propinados a Pablo Ulloa, otros miembros de la Defensoría del Pueblo y a periodistas. Pero la razón del incidente ocurrido el 11 de abril es todavía un misterio.

Circulan versiones de que con la demora se persigue encubrir a los supuestos beneficiados del sistema que operaba en el canódromo.

Si no es así, es lo que se da a entender con una investigación que no parece tan compleja. Tras los sucesos que indignaron a la opinión pública, bastó con la sustitución de De los Santos Pérez como administradora del canódromo para que el recinto modificara su sistema operativo.

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Pero la gente tiene derecho a saber la verdad sobre el caso del centro operado por la Digesett.

El Nacional

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