No puede reducirse a una simple confrontación entre policías y manifestantes el incidente que impidió la marcha a la sede del Congreso para reclamar la devolución del 30 % de los fondos de pensiones. La participación de civiles en la represión de la marcha agrega un elemento perturbador.

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No se tiene que estar de acuerdo con el reclamo para deplorar que supuestos desconocidos armados con piedras y palos ayudaran a la Policía a dispersar a los manifestantes, contra quienes también se lanzaron bombas lacrimógenas.

La agresión contra los manifestantes es una violación que las autoridades tienen que aclarar por tratarse tanto de un atentado a la seguridad como de alteración del orden público.

Es inaceptable que civiles se excedan en atribuciones que competen a las fuerzas del orden. En el incidente hasta la misma actuación de los agentes de la Policía debería aclararse por tratarse de un atropello a la ciudadanía.

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Tal vez no sea el caso, pero la presencia de los civiles en la represión de la marcha recuerda los tiempos de las bandas parapoliciales que golpeaban y enfrentaban las movilizaciones populares y estudiantiles.