Sin abundar en mayores detalles, hace unos días el Ministerio de Industria y Comercio anunció que había cerrado una gasolinera en Castañuelas, Montecristi, que supuestamente mezclaba los combustibles para engañar a los consumidores.

Pero por los operativos contra la venta clandestina de carburantes de que se ha dado cuenta parece que el negocio, que se asocia con el subsidio que otorga el Gobierno a los transportistas y otras entidades, tiene mucho más alcance.

En un operativo en el distrito municipal de Sabaneta, San Juan, Industria y Comercio y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), dicen que desmantelaron una estación clandestina de carburantes, que además operaba sin la seguridad requerida para el negocio.

Pero en San Cristóbal, con la intervención de técnicos del Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) y otras entidades se decomisaron productos vencidos y adulterados que se vendían en un establecimiento.

Las prácticas enfrentadas representan, siempre que sea como han informado las autoridades, no solo un engaño al público, sino un atentado a la salud.

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En estos tiempos en que además se ha denunciado especulación con los precios de algunos artículos es necesario que las autoridades se mantengan vigilantes, pero sin incurrir en arbitrariedades de ninguna índole. E incluso abrir más el ojo con la distribución de los combustibles subsidiados.