
Varios de los acusados cuando eran llevados hoy ante un juez para medidas coerción. Guillermo Burgos
Las fichas de antecedentes penales eran borradas en las fiscalías de las provincias a través de un contacto que operaba en la Procuraduría General de la República, según detalla el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción que se conoce hoy en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La estructura criminal desmantelada a través de la denominada “Operación Gavilán” estaba conformada por fiscales, algunos de ellos titulares; empleados administrativos, miembros de la Policía, empleados de la Dirección General de Migración y personas civiles.
En la citada solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público identifica a Mártires Rosario Reyes, quien se desempeñaba como soporte técnico en el departamento de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República, como el contacto con quien se comunicaban los fiscales del interior del país interesados en conseguir borrados de fichas.

Los pagos para borrar fichas eran recibidos a través de transferencias bancarias, copias de los cuales figuran como pruebas en la solicitud de medida de coerción.
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Dicha solicitud de medida de coerción precisa que la red benefició a criminales de carrera de alto perfil, prestándoles servicios permanentes de borrados de registros penales tanto a ellos como a miembros de sus estructuras a cambio de cantidades considerables de sobornos.
Precisa que los integrantes de la red adquirieron bienes y servicios con el dinero y que realizaron transferencias millonarias, adulterando los conceptos de transferencia para disfrazar el ilícito.
Entre las personas claves que figuran el expediente se encuentra Carlos Santos Abad, coordinador de la Fiscalía de Monte Plata, quien según la solicitud de medida de coerción, no solo lograba retirar fichas en su jurisdicción, sino también en otras fiscalías como La Romana e Higüey.

Santos Abad, según el Ministerio Público, cobraba para esos fines sumas que oscilan entre 8 y 15 mil pesos, lo que le sumaban unos 200 mil pesos al mes.
En total, el Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva contra 12 imputados y la declaratoria de caso complejo.
Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado figuran entre los beneficiados por los involucrados en la red.
Los imputados por asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, enfrentan cargos por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Los fiscales que lideran la operación contra la red asociada a la criminalidad solicitaron la imposición de prisión preventiva contra Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
También, contra Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva. La medida incluye a los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policia Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
Los fiscales que investigaron y desmantelaron la red contaron con el apoyo de unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en los diversos allanamientos realizados el martes el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís.
Práctica vieja
Cobrar para borrar fichas y expedientes es una práctica vieja en el país para beneficiar narcotraficantes, homicidas y otros delincuentes.