Santiago.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago dictó este lunes 18 meses de prisión preventiva contra ocho de los implicados en el caso Discovery, quienes están acusados por el Ministerio Público de cometer estafas contra decenas de ciudadanos.

Solo uno de los imputados cumplirá prisión domiciliaria. Los sentenciados son Sucre Rafael Rodríguez, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Máximo Peña, Mayobanex Braulio Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Guzmán, Jhonatan Francisco Vásquez y Pablo Miguel Balbuena,

Así lo informó el abogado Juan Adames, defensor Mayobanex Fernández.

Los supuestos infractores en el caso Discovery cumplirán la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, y el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca.

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El 19 de abril estará disponible la sentencia íntegra, mientras que la revisión obligatoria del caso será el 12 de julio del presente año.

Al grupo se le imputan los tipos penales descritos y sancionados en los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.

Además, se les imputan los artículos 2, numerales 1, 2, 3 y 4, así como el 4 en sus numerales 7, 8 y 9 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos.

La acusación sostiene que el grupo transgredió los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, así como el 405 del citado código, que instruye sancionar la estafa.

La decisión del tribunal incluye también las medidas de coerción consistentes en la presentación de una garantía económica, prohibición de salir del país y presentación periódica contra los imputados Joel Estévez Then, Willys Mena, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Cristina Lhin Yeng, Linda Pérez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Wilson Núñez Rodríguez, William Alberto Díaz Cruz, José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Salim Bautista Santana, Juan Carlos Belliard Uceta, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomas Camacho Tejada, José Óscar Peguero Martínez.

Así también Bonifacio Daniel Estévez Irrizari y Jonathan Yoelfri Peña Martínez.
La jueza valoró el debido proceso de ley con el que el Ministerio Público cumplió y destacó que había un delito de investigación previa, en la que se procedió bajo el marco legal.

En su argumentación, la juzgadora también valoró la cooperación internacional con la cual el órgano investigador llevó a cabo la labor persecutora y rechazó que se haya transgredido el derecho interno, como alegaron los imputados a través de sus abogados.

Previo a detallar las medidas que impuso a los miembros de la estructura mafiosa, la jueza argumentó las razones por las que rechazaba todos los incidentes planteados por las defensas técnicas respecto al alegato de la inconstitucionalidad, acerca de la presencia de las víctimas y a la flagrancia.

La imposición de las medidas de coerción al conjunto de encartados evidencia su vinculación con la red mafiosa del ciberdelito y determina que el Ministerio Público cumplió con el debido proceso, finalizando la investigación con hechos integrantes de la estructura.