El Ministerio de Educación negó que en la institución exista una supuesta mafia que exige el pago de una comisión de 30% del monto por indemnización que deberían recibir los empleados cancelados, como denunciaron la ex conserje Diolandita Cabrera y su abogado, Plutarco Jáquez, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), de la Procuraduría General de la República.

En respuesta a la denuncia publicada ayer por El Nacional, la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación (Minerd), Dilia Stephany Ubiera Sosa, defendió el proceso y dijo que se realiza de “forma transparente y apegado a las leyes”, y explicó que el pago de las prestaciones de Cabrera fue remitido al Ministerio de Administración Pública (MAP) el 17 de agosto pasado, mediante el oficio 08227, para que sea recalculado el monto de sus prestaciones.

En una declaración escrita, suministrada a través de la Dirección de Comunicación del Minerd, la funcionaria descartó que a los disvinculados (cancelados) “se les esté exigiendo el 30 por ciento de sus prestaciones para agilizar sus pagos”.

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Aseguró que “si alguien lo estuviera haciendo, es un farsante, pues ningún colaborador tiene acceso a manejar todos los pasos e instituciones que conlleva el proceso”.

Diolandita Cabrera, quien laboraba como conserje en una escuela de Pedro Brand, es la madre de la niña Carla Massiel, reportada como desaparecida en este municipio de la provincia Santo Domingo, y que fue hallada muerta semanas después en una finca de la localidad en junio de 2016.

Ubiera Sosa explicó que el proceso para el pago de prestaciones laborales inicia cuando las personas desvinculadas se dirigen a las Regionales de Educación a las que pertenecen y depositan los documentos requeridos.

Precisó que esos documentos son la certificación laboral de la institución, copia de la cédula de identidad, certificación original de cargos de la Contraloría General de la República, el cálculo de las prestaciones emitido por el MAP y la certificación de las vacaciones.

Manifestó que los pagos a los desvinculados se realizan a sus cuentas personas desde el Minerd, y “no se pueden agilizar pagos individuales o expedientes”.

Precisó que, si una persona desvinculada solicita el cálculo de beneficios laborales a través de las Regionales del MINERD, éstos son remitidos a la sede central en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, para revisión, que luego los remite al MAP para firma y sello.

Añadió que después de ser aprobados por el MAP, se vuelven a remitir al MINERD para completar el expediente y ser despachados al Departamento de Nómina, donde se trabaja en coordinación con la Contraloría General de la República y la Tesorería Nacional para fines de pago.

“Cuando la Contraloría revisa el expediente y lo aprueba, pasa a la Tesorería General de la Nación para que autorice las transferencias bancarias. Es decir, el servidor desvinculado recibe su pago en su cuenta de nómina, por lo que desde el MINERD no se pueden agilizar pagos individuales o agilizar expedientes, ni mucho menos pagos”, enfatizó la directora de Recursos Humanos del Minerd.

De acuerdo a Ubiera Sosa, “No hay ninguna probabilidad de que un colaborador del Ministerio de Educación incida en el pago de las prestaciones, ya que tanto el MAP, la Contraloría como la Tesorería reciben lotes de expedientes y no expedientes individuales”.

Argumento

Según la denuncia depositada ante la Pepca por Diolandita Cabrera, a través de su abogado Plutarco Jáquez, la mafia dentro del Ministerio de Educación cobraría el 30 por ciento del monto que recibiría cada cancelado para ser incluido en la lista para el pago de las prestaciones laborales.