La Procuraduría General de la República y el Ministerio de Educación rehusaron esta mañana referirse a la denuncia de la madre de la descuartizada niña Carla Massiel, Diolandita Cabrera, de que es víctima de una mafia que opera en la institución educativa, la cual para entregarles la cesantía a los desvinculados les exige un 30% del monto a cobrar.

El encargado de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, a pesar de ser uno de los funcionarios de la PGR más colaborador con la prensa, esta mañana no respondió a El Nacional si dará curso a la denuncia presentada ayer por el abogado Plutarco Jáquez, representante legal de Cabrera.

Igual ocurrió con el Ministerio de Educación, al que se intentó consultar al respecto por la vía telefónica a través de su vocero Rafael Alonzo, pero éste no respondió.

La madre de Carla Massiel dijo que desde noviembre del año pasado le deben sus prestaciones laborales y que en esa institución existe un grupo de personas que ofrece la entrega de la cesantía a cambio de quedarse con un 30% de ese dinero.

Al depositar la denuncia ante la Pepca, el abogado de Cabrera recordó que en noviembre pasado fueron cancelados 39,500 empleados de Educación, entre ellos su representada, quien era conserje en una escuela de Pedro Brand.

Refirió que la supuesta asociación de malhechores enquistada en esa institución podría quedarse con unos RD$1,185 millones, producto de las prestaciones de empleados desvinculados.

“Diez meses tiene echando viaje al Misterio de Educación para que le den su dinero y al final aparece una asociación de malhechores ahí adentro que lo que quiere es quedarse con el dinero de esos trabajadores”, dijo Jáquez.

El caso
Diolandita Cabrera es la madre de la niña Carla Massiel, de 10 años, encontrada muerta en junio de 2016, tras ser reportada desaparecida.

Domingo Berigüete y silvio cabrera