A un sector como el energético, que electrocuta de lejos, todo el mundo le ha sacado el cuerpo. La capitalización que se inició en 1996-2000 con el propósito de incrementar la producción, eliminar los subsidios y abaratar el servicio ha resultado una verdadera frustración.

No solo persisten las infartantes interrupciones, sino que la tarifa es más elevada y continúan las subvenciones.

En interés de consolidar la seguridad jurídica y allanar el camino a la inversión nacional y extranjera, el Gobierno optó por obviar las diferencias e implementar el pacto eléctrico sobre la base de los puntos consensuados en la administración de Danilo Medina.

Se trata, para que no se olvide, de un acuerdo constitucional, consagrado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. El convenio implica un ajuste gradual de la tarifa, concebido para desmontar la sangría que han representado los subsidios.

Lo que no se captó, porque no estaba en el radar, fue el impacto por las secuelas del covid y la crisis planetaria desatada por la repudiable invasión de Rusia a Ucrania.

El alza del petróleo y sus derivados, las materias primas, los alimentos y el desabastecimiento provocaron la caída del Gobierno de Sri Lanka durante candentes protestas sociales. Por las mismas razones el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se vio al borde del abismo, salvándose en tablitas, y en Panamá se efectúan movilizaciones desde hace más de dos semanas en reclamo de abaratar la comida.

Por aquí no puede hablarse de escasez ni siquiera de los artículos que consumen los más pudientes, y la inflación ha estado más controlada que en Estados Unidos, Inglaterra y España.

No por temor a contagio con los estallidos sociales que se han originado en el entorno, sino por comprensión y sensibilidad el presidente Luis Abinader optó por anular el ajuste de la tarifa eléctrica y revisar el pacto. Con la pesada carga que arrastran los consumidores el momento no es para medidas tan impopulares, que por demás inciden en todas las actividades económicas y en la paz social.

El saneamiento del gasto y la reducción de la corrupción otorgan autoridad moral al mandatario, quien prefiere que el Gobierno se sacrifique antes que aumentar la carga al pueblo.

No está demás recordar que, gracias a la eficiencia en el gasto, se ha navegado en circunstancias tan complejas sin una reforma fiscal para incrementar las recaudaciones.

El alza había que detenerla sin importar que en el presupuesto se contemplen más de mil millones de dólares para el sector eléctrico, ni que se hayan destinado más de 30 mil millones de pesos en subsidios a los carburantes, el trigo, el arroz, los fertilizantes y otros productos.

Era lo que mandaba la sensatez.