El 25 de enero de 2012 se promulgó la ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, a través de la cual se consigna la necesidad de consensuar un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenbile y garantizar su sostenibilidad a largo plazo mediante el apoyo a un proceso de reestructuración integral.

El acuerdo estaba supuesto a entrar en vigencia en 2015, pero a nadie le cabía la menor duda de que para esa fecha, víspera de un año electoral, era imposible la aplicación de una legislación que implica la creación de nuevos impuestos.

El tiempo pasó y el convenio, a diferencia de los pactos educativo y eléctrico, no acaba de llevarse a la mesa de discusión por una única razón: quema políticamente por dondequiera que se le ponga la mano.

El expresidente Danilo Medina, en su gestión de 8 años, buscó la manera de sacarle el cuerpo al espinoso proyecto. Y Luis Abinader, con todas las demostraciones de respeto al sistema institucional, solo lo ha esbozado.

El mandatario pudo captar el rechazo de la población a todo lo que represente nuevos impuestos cuando en octubre de 2020 trató de insertar unos ligeros gravámenes en el presupuesto para este año. Su decisión fue eliminarlos bajo el alegato de que en ese momento no estaban dadas las condiciones.

Después se anunció que este año se debatiría una reforma fiscal con el propósito de incrementar las recaudaciones para impulsar el desarrollo a través de la construcción de obras de infraestructura, pero bajo el supuesto de que no estaban dadas las condiciones el proyecto fue aplazado. De discutirse este año, para lo que ya no hay tiempo, es para aplicarse en 2023, que sería como afilar cuchillo por tratarse de un año preelectoral.

El Gobierno está en una complicada encrucijada para mejorar las recaudaciones por la vía impositiva. Antes que pagar más impuestos lo que anhela la gente es que se recupere el dinero que según las propias autoridades ha sido defraudado al Estado a través de la corrupción.

Abinader, que es político y no suicida, es muy difícil que se arriesgue por sí solo a provocar la ira de la ciudadanía, sin importar los más elevados niveles de aceptación con que pudiera contar.

Además él había dicho que los proyectos impositivos serían abordados cuando exista un clima propicio, de ninguna manera en medio de un panorama de alzas de precios y con el disgusto de gente de su partido que además de no conseguir empleo ha sido ninguneada por muchos funcionarios.

La oposición, que ha sido convocada a discutir la reforma fiscal y otras más, no parece dispuesta a acompañar al gobernante en la tarea por el alto precio. Las perspectivas indican que se podría llegar a 2030 sin la aprobación del pacto fiscal porque nunca estarán dadas esas condiciones ideales que necesitaría cualquier gobernante para evitar revueltas populares.