La orden de Nicolás Maduro de suspender relaciones diplomáticas entre Venezuela con República Dominicana y otros siete países latinoamericanos, cuyos gobiernos solicitaron cotejar las actas de las elecciones del domingo, ha sido un acto de desesperación ante el repudio colectivo por la falta de transparencia que caracterizó a ese proceso electoral.

Si de verdad la mayoría del pueblo venezolano otorgó en las urnas al presidente Maduro el derecho a permanecer en el Palacio de Miraflores por otros seis años, lo sensato sería que el gobernante accediera a verificar las actas correspondientes a todos los colegios electorales.

En vez de eso, el mandatario subvierte el orden institucional y ordena al Ejército Bolivariano secuestrar el legajo de documentos electorales, además de reprimir a la población y de pretender procesar al liderazgo opositor, acusado de “hackear” el proceso de transmisión de las actas de elecciones.

Maduro ordenó “salida inmediata” del personal de las embajadas de República Dominicana, Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Argentina y Perú, al tiempo que dispuso el retorno de los pares venezolanos que cumplían misiones en esas naciones, con lo cual amplía su propio cerco de aislamiento internacional.
Ha hecho bien el presidente Luis Abinader en acatar el resabio de Maduro y de advertirle que el Gobierno mantendrá su defensa a los principios y valores democráticos en el país y a nivel internacional, actitud firme que seguramente lo agradecerá el pueblo venezolano.

Las protestas masivas generadas por la sospecha de fraude electoral y la negativa del gobierno de permitir un conteo transparente de los votos, han dejado saldo de al menos once muertos, en un escenario de violencia y represión que podría empeorar, con la advertencia oficial de que el candidato Edmundo González y la líder opositora, María Corina Machado, deberían estar presos.

La Organización de Estados Americanos (OEA), como ha sido su estilo al abordar crisis como la Venezuela, ha considerado como “manipulación aberrante” de los resultados electorales por parte del gobierno de Maduro, al que insta a “aceptar su derrota electoral”, en tanto que Estados Unidos y Brasil también exigen la publicación de las actas.

Los dominicanos están en el deber de rechazar tajantemente el injustificado resabio del presidente Nicolás Maduro al suspender abruptamente relaciones diplomáticas con República Dominicana, por reclamar y defender el derecho del pueblo de Venezuela a expresarse libremente en las urnas.