Santo Domingo.-El envío por parte del presidente Luis Abinader de más militares a patrullar en las calles del país, no es más que una evidencia clara del creciente deterioro y la incapacidad que ha exhibido la Policía Nacional (PN) para realizar su labor primaria: velar por la seguridad ciudadana y el orden público.

Aunque no se especificó la cantidad, a partir de este jueves el gobernante dispuso que los militares que fuesen necesarios se unirán a todos los miembros de la Policía para reforzar sus esfuerzos contra la delincuencia.

“A partir de hoy en esta operación conjunto vamos a utilizar todos los miembros de la Policía y los que fuesen necesarios de las Fuerzas Armadas para lograr esa paz”, expuso Abinader durante un acto este jueves en la sede de la Policía donde se presentó parte de los agentes policiales y militares.

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El uso de militares en labores conjuntas con la Policía es una práctica que varios gobiernos de República Dominicana han venido usando, ante la incapacidad de la Policía de dar respuestas acertadas contra el crimen y los actos delictivos.

La Constitución dominicana establece en su artículo 152 cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas y en qué situaciones el jefe de Estado puede hacer uso de ellas.

Artículo 252.- Misión y carácter de las Fuerzas Armadas. La defensa de la Nación está a cargo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto:

1) Su misión es defender la independencia y soberanía de la Nación, la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones de la República.

2) Podrán, asimismo, intervenir cuando lo disponga el Presidente de la República en programas destinados a promover el desarrollo social y económico del país, mitigar situaciones de desastres y calamidad pública, concurrir en auxilio de la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público en casos excepcionales.

Sin embargo, esa excepción en la República Dominicana se ha vuelvo costumbre, ya que todos los gobiernos usan los militares para auxiliar a la Policía.

Ola de atracos, asaltos y crímenes

Los atracos, asaltos e inseguridad ciudadana se han hecho sentir de manera asentada en las últimas semanas.

Uno de los casos más sonados sucedió el pasado 21 de mayo cuando una banda armada llegó a una estación de gas en el sector de Los Mameyes en el municipio capitalino de Santo Domingo Este, y cargaron con RD$9.5 millones de un camión de valores de la compañía Dominican Watchman que hacía su ruta de lugar en esa estación.

La semana pasada, otra banda armada compuesta por tres hombres, cargó con 3.9 millones de pesos, producto de un asalto a empleados del Banco Popular mientras éstos reparaban un cajero automático en una estación de gasolina ubicada en la carretera Sánchez en el municipio de Haina, San Cristóbal.

Además de estos hechos, cabe destacar el asesinato de varios oficiales policiales y militares, así como enfrentamientos a tiros donde ha muerto cerca de 10 personas sólo en el mes de mayo.

El pasado martes la Policía abatió al cabecilla y tres miembros de una banda de atracadores durante un fuerte enfrentamiento en el sector capitalino de La Ciénaga, hecho aplaudido por muchos y criticado por otros.

Es ante esta situación, que el presidente Abinader, se ve obligado a ordenar el envío de más militares a labores de patrullaje en conjunto con la Policía, entidad que no ha podido mitigar estos hechos.

El mandatario advirtió que “la primera responsabilidad de una jefe de Estado es llevar la paz y la tranquilidad a la población y que no le quepa duda que yo estoy consciente de eso y que lo haremos”.

En tal sentido, dijo que van a “llevar la tranquilidad a todos los sectores de nuestro país, a nuestros barrios, a nuestros campos y lo vamos hacer cueste lo que nos cueste”.

El artículo 255 de la Constitución dice que la misión de la Policía es:

1) Salvaguardar la seguridad ciudadana; 2) Prevenir y controlar los delitos; 3) Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente; 4) Mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes.

Desde hace un año, el Gobierno se embarcó en una reforma policial, a fin de transformar la institución en un órgano eficiente, transparente, menos abusivo, que respeto los derechos humanos, más profesional, equipa tecnológicamente, etc, pero la misma avanza a pasitos lentos.