La violencia de género hacia las mujeres y las niñas es un fenómeno de salud y de derechos humanos, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, desde comienzos de los 90, visualizándose socialmente, en los últimos años, incluyendo tratados internacionales y modificaciones legislativas nacionales en todo el mundo.

Esto ha permitido el planteamiento legal y la profundización de la temática en el ámbito penal, un proceso que ha ido “especializando” el sistema de atención desde lo jurídico legal en su normativa y estructura y más lentamente, en el imaginario político cultural.

Dice la abogada argentina, Silvia Perugino, especialista en Género y Comunicación, integrante del Equipo Interdisciplinario de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, UNLP: “Las violencias hacia las mujeres son estructurales de las sociedades modernas, son intrínsecas de las normas impresas, es decir: en los armados de los estados modernos, en el armado de sus estructuras sociales, en el armado de sus textos normativos, las mujeres hemos quedado históricamente excluidas, este dato resulta a estas alturas de las circunstancias de público y notorio conocimiento, y menos de cien años de reconocimiento de los derechos políticos a las mujeres, no subsanan de ninguna manera siglos de desigualdad”.

Perugino, junto a otras colegas, demandaba en el Congreso argentino, el año pasado, la necesidad de que la justicia aplique la perspectiva de género en el abordaje a las denuncias por violencia de género.

En la realidad en nuestro país, donde el principio de especialidad no se explicita, tomando el Ministerio Público como primera entrada de las querellas por Violencia de Género contra Mujeres y Niñas, hay una estructura organizada en la 24 Unidades de Atención a la Violencia, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, dirigidas por Fiscales Adjuntos/as, de carrera, que, junto a un personal mínimo multidisciplinario, Psicólogas/os, en muy pocos casos Trabajadores/as Sociales, con una cierta capacitación, no siempre académica, que permite hablar de diferentes niveles de “especialización”. Hay quehaceres en los que fiscales se especializan por pasar tiempo en ellos, como en violencia de género. Además, no todo el ministerio público puede trabajar algunos temas.

Para entender el desbalance de poder que produce las violencias contra las mujeres y las niñas, hay de haber pasado procesos profundos de aprendizaje y captación de información sobre las diferencias socio culturales basadas en el género, del contrario, mitos y estereotipos aprendidos mantendrán la exclusión de un enfoque justo.

Por: Susi Pola susipola@gmail.com