Editorial Opinión

Exceso de la Policía

Exceso de la Policía

Al dispersar a bombazos una caminata pacífica el domingo en la cercanía de la casa nacional del Partido de la Liberación Dominicana, en la avenida Independencia, la Policía Nacional incurrió en un exceso que devino en censurable violación al derecho constitucional a la protesta pacífica.

Al término de una reunión de miembros del Comité Central de esa organización, decenas de asistentes se congregaron en los frentes del local e iniciaron una caminata, que fue reprimida por agentes motorizados que lanzaron bombas lacrimógenas contra la muchedumbre.

La dirección del PLD presentó al menos once cartuchos que dice fueron recolectados en jardines y patio del local peledeísta, mientras en las redes sociales se difundieron diversos videos que muestran a agentes policiales cuando arrojaban gases lacrimógenos contra la multitud, cerca de la sede de ese partido.

La Policía no puede ni debe justificar el exceso perpetrado por sus agentes contra ciudadanos que ejercían sus derechos constitucionales a la reunión y a la protesta pacífica, ninguno de los cuales incurrió en actos de violencia o cualquier otra violación a la ley.

No debería argumentarse que los integrantes de esa caminata intentaron violentar el cerco de seguridad levantado por la Policía en el entorno del Palacio de Justicia, porque la multitud fue dispersada a bombazos en los frentes del local del PLD.

Tal como ocurrió con manifestantes del grupo Marcha Verde, correspondía a la Policía establecer el lugar apropiado donde podrían congregarse los militantes del PLD, sin causar incidentes ni violentar los límites de seguridad establecidos por las autoridades.

El director de la Policía, mayor general Alberto Then, debería saber que en República Dominicana prevalece un régimen democrático basado en una Constitución Política que ampara libertades públicas e individuales, violentadas por agentes de esa institución que agredieron a ciudadanos pacíficos.

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Al presidente Luis Abinader le corresponde reiterar garantía a la ciudadanía de que su gobierno no permitirá que ninguna institución oficial incurra en transgresión a la Constitución Política del Estado, como ha sido el exceso policial contra ciudadanos que ejercían su derecho a la reunión y a la protesta pacífica.

El Nacional

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