Una de las modalidades de la trama fraudulenta denunciada en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) consistía en que el Departamento de Compras invitaba a un grupo de empresas vinculadas entre sí para que no existiera una real competencia en las ofertas, según la querella depositada contra 15 exfuncionarios y allegados al expresidente Danilo Medina.

La querella presentada por Andrés Astacio Polanco, en representación del Estado, expresa que el comerciante Maxi Gerardo Montilla, cuñado del expresidente Medina, sobrevaluó en un 100% los productos vendidos a Edeeste, Edesur y Edenorte.

Relata que esa acción permitía que la adjudicación de las compras y contrataciones de bienes y servicios fuera realizada al precio que les pareciera más conveniente a las empresas vinculadas, logrando de esa forma sobrevaluarlos.
Las compañías que participaban en los procesos poseían características comunes, a saber, eran compañías que estaban promovidas por accionistas vinculados a la estructura fraudulenta, coincidiendo los miembros de esta organización de corrupción: los socios comparten domicilios legales en el mismo lugar; eran compañías de carpeta que no tenían capacidad logística de envergadura, ni cumplían los principios de información de mercado.

Sin embargo, lograron colocarse por encima de empresas con una trayectoria y que sí poseían esas características, tampoco contaban con recursos humanos para llevar a cabo las actividades que decían realizar y se hacían valer de los mismos representantes, autorizados por asambleas en las mismas fechas.

Según la parte querellante, los querellados realizaban contrataciones y luego se liquidaban, cambiaban el objeto social con frecuencia, con el propósito de encajar en las convocatorias de las licitaciones, eran utilizadas simplemente para cumplir requisitos y aparentar la legitimidad de los procesos. Al darse el requisito de pluralidad de oferentes, cuando en realidad eran la misma persona y no tenían suficiente solvencia económica para la magnitud de actividades contratadas por el Estado.

En la querella se pide al Ministerio Público solicitar al juez de la instrucción correspondiente, la imposición de medidas de coerción, atendiendo a la gravedad de las circunstancias reveladas y la destrucción de evidencias relacionadas con los hechos imputados.

También declarar buena y válida la constitución en actor civil por parte del Estado contra Edeeste, Edesur y Edenorte, en contra de Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez, Julio César Correa, Maxy Gerardo Montilla Sierra, Alexander Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez, Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera.

UN APUNTE

Indemnización

En el documento depositado ante la Pepca, el Estado pide evaluar provisionalmente y de manera preliminar la suma de 50 mil millones de pesos del dinero de los acusados, como resarcimiento y justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados con sus acciones, más los intereses judiciales y accesorios que pudieran derivar de dicha suma.
La acusación en principio establece que el grupo de acusados logró obtener más de 20 mil millones de pesos como producto de las transacciones fraudulentas del entramado en las EDE, especialmente con la compra de equipos que nunca se necesitaron en la empresa estatal.