La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) pidió este mañana al presidente Luis Abinader vetar el Código Penal si es convertido en ley tal y como ha sido concebido en la Cámara de Diputados debido a que se cometieron graves violaciones a la Constitución de la República y a los reglamentos internos de ese organismo.

Servio Tulio Castaños Guzmán explicó que el artículo 107 de la Constitución establece: “Los proyectos de ley rechazados en una cámara no pueden presentarse en ninguna de las dos cámaras hasta la legislatura siguiente”.

En ese sentido señaló que el actual proyecto que ha sido presentado como nuevo en la Cámara de Diputados es el mismo que fue dejado de lado en la mesa y que había sido consensuado por una comisión bicameral.

Castaños Guzmán explicó que basado en el artículo 102 de la Constitución el Poder Ejecutivo tiene la facultad de observar cualquier proyecto de ley refrendado en el Congreso si así lo considerara pertinente.

“Si el Poder Ejecutivo observa la ley que le fuere remitida, la devolverá a la cámara de donde procede en el término de diez días, a contar de la fecha en que fue recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en el término de cinco días a partir de ser recibida”, reza el citado artículo 102 de la Carta Magna.

El dirigente cívico opinó que “resulta peligroso para la institucionalidad democrática que el órgano encargado de legislar y fiscalizar conforme nuestro ordenamiento jurídico constitucional actúe de manera sorpresiva y confusa, lo cual puede generar graves repercusiones para el necesario fortalecimiento de los procedimientos”.

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“La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), considera grave la violación a los procedimientos internos de la Cámara de Diputados y, sobre todo, a la Constitución de la República, que se han suscitado en días pasados en el marco de la discusión sobre el nuevo Código Penal. Una garantía irremplazable del Estado social y democrático de derecho es el cumplimiento del texto constitucional, por lo que su vulneración resulta peligrosa para la institucionalidad nacional”, dijo.

Finjus añadió que el sano equilibrio del Estado de derecho se fortalece con el sistema de control y frenos y contrapesos, lo que “es una garantía institucional de la separación de poderes establecida desde hace décadas en nuestro ordenamiento constitucional. De manera que, si conforme los trámites legislativos correspondientes se envía finalmente el proyecto al Poder Ejecutivo, recomendamos que éste sea observado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 de la Constitución dominicana”