Cerca de este mediodía el Gobierno no había reaccionado ante las exigencias de Amnistía Internacional que pidió poner fin a las supuestas violaciones de derechos humanos de personas haitianas, dominicanos de ascendencia haitiana y de raza negra en la aplicación de sus políticas migratorias, que la organización calificó de racistas.

El Nacional trató desde temprana horas de este miércoles obtener la posición del de Gobierno central y de las autoridades a las que supuestamente les fue notificada la carta.

Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia; Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo; Daniel García Archibald, director de Prensa del Presidente; Jesús Vásquez -Chu-, ministro de Interior y Policía, y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, fueron contactaron por la vía telefónica, pero ninguno se refirió al tema.

Mientras que el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, informó que esta mañana no ha recibido carta ni información de organismo internacional sobre vulneración de los derechos de ciudadanos que son apresados y deportados por las autoridades dominicanas.

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“El defensor del pueblo está abierto para recibir a todo ciudadano y ciudadana dominicana; pero igual a todo organismo o ser humano que sienta le han vulnerado sus derechos”, dijo

“Somos conscientes de la difícil situación que atraviesa los haitianos y haitianas; siempre hemos abogado por una solución haitiana a la grave crisis que atraviesan y que ha costado tantas vidas”, añadió.

“Dejamos claro que la República Dominicana tiene derecho la implementación de sus políticas migratorias y que ningún organismo puede trazarle pauta a una nación ya la constitución deja claro cómo aplicar sus leyes”, acotó.

Amnistía Internacional envío una carta abierta dirigida al presidente Luis Abinader, y a instituciones estatales, en compañía de otras seis organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde afirma que las políticas migratorias de República Dominicana se basan en la discriminación racial y generan efectos discriminatorios para la exclusión racializada de personas haitianas y dominicanas.

“El propio gobierno dominicano ha comunicado que deportó a más de 250.000 personas haitianas en 2023, incluyendo a personas que están en necesidad de protección internacional”, afirmó en un comunicado, en relación a esta “carta abierta”, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.

Estas expulsiones colectivas “son una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana, ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben cesar”, apuntó.

“La drástica decisión del gobierno de suspender todas las formas legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha traído consecuencias significativas, afectando a familias que ahora se encuentran separadas, y dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria”, agregó Piquer.

En la carta se destaca que la exclusión de personas negras de origen haitiano y dominicano es el resultado de un conjunto de políticas migratorias discriminatorias, principalmente de detenciones y expulsiones colectivas de personas haitianas, incluyendo menores y mujeres embarazadas y puérperas.