El hermetismo sobre las denuncias de corrupción y los incidentes del 11 de febrero de este año en el canódromo El Coco sugiere que ambos casos transitan el sendero de la impunidad.

Pese a que se designó una comisión y las garantías del director de la Policía, Eduardo Alberto Then, de que los presuntos culpables serían sancionados, a la fecha nada se sabe al respecto.

La encargada del recinto, coronel Ysabelita de los Santos y cuatro agentes de la Digesett, enfrentan juicio en los tribunales por la querella presentada contra ellos por el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, a causa de la agresión de que fue víctima.

Todavía no se ha identificado ni siquiera a los sospechosos de borrar las imágenes de una cámara fotográfica retenida en los incidentes a un fotógrafo de Listín Diario. Si la comisión de la Policía rindió algún informe de su investigación, todavía no se conoce.