La inseguridad ciudadana en la República Dominicana ha dejado de ser una percepción para convertirse en una realidad palpable que golpea, sin distinción, todos los espacios de la vida nacional. Ya no se trata de estadísticas ni de narrativas mediáticas: es una experiencia cotidiana que erosiona la tranquilidad, limita la movilidad y transforma la forma en que los ciudadanos habitan su propio entorno.

La noche del pasado viernes, en un sector exclusivo del Distrito Nacional, un hecho aparentemente “común” dejó al descubierto una verdad incómoda: ni siquiera las zonas consideradas de mayor resguardo están exentas de la delincuencia.

El vehículo de mi hija fue desmantelado en cuestión de minutos. Retrovisores y sensores fueron sustraídos con una facilidad alarmante, mientras ella participaba en una actividad de egresados del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Te puede interesa leer: Diálogo y enfrentamientos

A primera vista, podría parecer un incidente más dentro de la larga lista de delitos menores que rara vez ocupan titulares. Sin embargo, el contexto en el que ocurrió lo convierte en un hecho profundamente simbólico. El robo tuvo lugar en las inmediaciones de la residencia de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.Este detalle no es menor.

Por el contrario, transforma un caso individual en un reflejo de las debilidades estructurales que persisten en materia de seguridad pública.

Si un entorno de alto perfil, que por lógica debería contar con vigilancia reforzada, es vulnerable, ¿qué puede esperar el resto de la ciudadanía? Surgen entonces preguntas inevitables: ¿cómo es posible que en zonas estratégicas no exista una presencia visible y disuasiva de seguridad? ¿Cómo se explica que los delincuentes actúen con tal nivel de confianza, amparados en la oscuridad y en la aparente ausencia de vigilancia efectiva? ¿Dónde están los resultados concretos de los planes de reforma policial anunciados en los últimos años? Más allá del hecho puntual, lo preocupante es el mensaje que se envía. La delincuencia parece operar con una sensación de impunidad que desafía cualquier intento institucional de control.

Y cuando esa percepción se instala en la sociedad, el daño es doble: no solo se pierden bienes materiales, sino también la confianza en el sistema.El debate sobre la seguridad ciudadana no puede seguir limitado a promesas, operativos temporales o cifras que muchas veces no reflejan la experiencia real de la gente. Se requiere una estrategia integral que combine prevención, inteligencia, presencia territorial efectiva y un sistema judicial que actúe con rapidez y firmeza.

Atentamente,

Ana Jiménez