Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que investiga a fiscales para determinar la aplicación de las instrucción protocolar en prevención y persecución de los casos de violencia de género en el caso de Chantal.

La dispoción legal abarca lo referente a delitos intrafamiliar y delitos sexuales, específicamente el numeral 5, relativo al desistimiento de la víctima en el caso de la hoy occisa Chantal Jiménez.

Jiménez, quien resultó muerta el pasado sábado de manos de su feminicida Yensy Graciano Cepeda (expareja), quien se habría suicidado tras cometer la acción, dijo la Procuraduría.

Ya que a Graciano Cepeda le habría sido notificada una Orden de Protección en fecha 5 de abril del corriente, según se informó.

La investigación está a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público y la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género, ya que está totalmente prohibido levantar actas de compromisos, en materia de violencia de feminicida, dijo la Procuraduría.

Puedes leer: Muerte de Chantal estremece sociedad

Se informó que la Procuraduría General de la República espera que al concluir las investigaciones relativas a este caso, con la finalidad de tomar las acciones que correspondan, a fin de evitar la ocurrencia de hechos similares.

Mediante un comunicado de prensa se informó que se investiga si se

recordó que el numeral 5 de dichas instrucciones establece sobre el desistimiento de la víctima: “cuando una víctima desiste de su denuncia o proceso, esta acción para nada compromete el accionar del Ministerio Público, dijo la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito.

Ya que los fiscales deben procurar siempre, a parte del testimonio de la víctima, otros elementos probatorios por si se produce tal circunstancia.

A tales fines, la postura del Ministerio Público deberá permanecer invariable, a pesar de que la víctima como consecuencia del Síndrome de la Mujer Maltratada o la indefensión aprendida, quiera establecer un acuerdo.

Es importante tener en cuenta que, para acordar, el consentimiento de las partes no puede estar viciado y una mujer que tiene su vida en riesgo frente a su verdugo agresor carece de libertad para convenir al margen de las secuelas que deja la violencia feminicida.

Las instrucciones fueron remitidas a todo el Ministerio Público del país por la procuradora general Miriam Germán Brito.