Infundadas, interesadas o lo que fuere el presidente y los jueces del Tribunal Constitucional que se juramentaron ayer tienen que remover, a través de decisiones jurídicas, las reservas que se han enarbolado con su gestión.

Por más que la solvencia moral y profesional de cada uno de los magistrados esté por encima de calumnias, intrigas o celos, el presidente Napoleón Estévez Lavandier y los otros cuatro jueces tienen que demostrar con su comportamiento que eran los más aptos para ocupar las posiciones.

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Ha extrañado que en torno a la selección de Estévez Lavandier, Fidias Aristy, Amaury Reyes, Sonia Díaz Ynoa y Armi Ferreira se haya detonado una alerta ideológica y no jurídica.

Se ha advertido que con su llegada en sustitución de Milton Ray Guevara, Rafael Díaz Filpo, Lino Vásquez Samuel, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Justo Pedro Castellanos Khoury se corre el riesgo de alterar la trayectoria de la alta corte.

Por más inconsistentes que resulten los argumentos los nuevos magistrados están obligados a patentizar con su conducta el perfil por el cual se les escogió.

Por su formación académica y trayectoria profesional los actuales magistrados parecen los más distantes de intereses políticos y particulares designados en el Constitucional.

Pero con todo y eso Estévez Lavandier y los otros cuatro magistrados tienen que remover cualquier signo ominoso con decisiones apegadas a las funciones que representan.