El problema de la sobrepoblación en los centros carcelarios y la gran cantidad de presos preventivos ha sido producto de una errónea política penitenciaria de la que han sido responsables todos los operadores del sistema de justicia, afirmó el magistrado y especialista en Derecho Penitenciario, Rafael Báez.
El catedrático universitario y juez de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional propuso la elaboración de un censo nacional penitenciario para clasificar los procesos penales que tienen solución pronta y así buscarles alternativas a las penas. Esto es: suspensión de procedimiento, acuerdos y libertad condicional.
Asimismo, entiende que hay otros casos que pueden resolverse en la jurisdicción de instrucción, en el propio juicio, en el Tribunal de Ejecución de la Pena, con beneficio penitenciario y beneficio de trabajo.
Báez, quien por muchos años se desempeñó como Juez de Ejecución de la Pena, señala que de conformidad con la Regla Mandela un centro penitenciario debe tener 500 o mil recluso como máximo, sin embargo, La Victoria alberga 7 mil 582 reclusos.
Ante el congestionamiento de internos en el tradicional modelo carcelarios, sugiere un plan de despoblación penitenciaria que reduciría de forma significativa el número de privados de libertad.
El experto en derecho penitenciario plantea varias alternativas al problema del congestionamiento en esos centros, sobre todo en los casos de baja trascendencia y relevancia, como robo simple y posesión de drogas.
“Esos muchachos, que bien deberían estar en una escuela o recibiendo un tratamiento para alejarse del consumo de las drogas, en prisión no hacen nada. Creemos que eso lo que hace es aumentar, hacinar y desperdiciar una persona joven”, considero el magistrado.
Ante esa triste realizada, dijo que hay que hacer algo con todas esas personas que están privadas de libertad, porque hay muchas de ellas a las que se les impuso medida de coerción y tienen dos años que no le han visto la cara a un juez, cuando en ese plazo debería haber sentencia.
Esa sobrepoblación ha generado un gran cúmulo de casos en los tribunales, donde fiscales y defensores públicos no dan abasto.
Sobrepoblación
La sobrepoblación genera hacinamiento, hambre, miseria y enfermedad dentro de la cárcel, “entonces las cárceles lejos de ser una solución para la rehabilitación de las personas se vuelven todo lo contrario”, deploró.
“Estamos hablando de una población entre 18 y 35 años, lo que significa que implementar una política para ‘desprisionalizar’ las cárceles, sacando un poco de gente que tiene tiempo privada de libertas, como es el caso de una persona que tiene dos años por robarse un espejo, eso es suficiente”, sostiene el magistrado.
El jurista insiste en la necesidad de descogestionar las cárceles, “porque este proceso que se vive parece indetenible y nosotros tendríamos una despoblación, pero si no se frena la ‘prisionización’, en dos años volvemos a tener un número elevado de personas privadas de libertad. Eso implica un tema de mucha conciencia para los operadores del sistema”.
Presos preventivos
El alto número de presos preventivos lo atribuye a la política criminal orientada a la persecución y no a la prevención, al endurecimiento de las sanciones, la drasticidad y a la ‘prisionización’, que no contribuyen en nada a la solución, expuso.
La pena privativa de libertad tiene muchos detractores, porque entienden que lejos de resolver el problema lo que hacen es disociar y dañan las personas, explicó.
De ahí que, el Derecho Penal Moderno está orientado a un proceso más humano donde prime la dignidad de la persona, acotó.
Como ejemplo puso algunos países donde se aplican penas más gravosas y los resultados han sido peores, como lo que sucedió en Estados Unidos con la Ley de los “Tres Strikes”, para dictarle cadena perpetua al que tuviera más de tres casos.
“Eso generó tal desproporción impresionante del aumento de la delincuencia y de cadena perpetua, que se entendió que la solución no era endurecer la sanción penal y que lo que había que hacerla era suavizarla con un tipo de alternativa”, infirió.
Pena no es solución
El profesor universitario cree que aumentar la pena a un interno no es la solución a la delincuencia, y es por ello que las autoridades han abordado el problema desde un punto de vista equivocado.
“El endurecimiento de la pena no ha sido lo más saludable para combatir el fenómeno social de la delincuencia”, sostuvo.
Te puede interesar leer: La Victoria: caso pendiente
En ese sentido refiere que las autoridades hace mucho tiempo abordan el problema desde el punto de vista de la sanción y no desde el punto de vista de la prevención, entendiendo que la solución de todos estos problemas está en castigar más y aumentar las penas, cuando lo correcto es irse al origen de los problemas y prevenirlos.
Hoja de servicio
Rafael Báez, graduado de abogado en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Habla inglés, italiano y francés, ha sido juez Especial de Tránsito, de Paz Ordinario, de la Instrucción, juez Liquidador de la Sala Penal, del Tribunal Superior Administrativo, de Ejecución de la Pena de Santo Domingo y actualmente se desempeña como juez de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
También puede leer: Cárcel La Victoria se convierte en un “acto de crueldad”
Egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura, es especialista en Derecho Penitenciario, Derecho Humano, Derecho Internacional Humanitario; magister en Administración Penitenciaria y en Derecho Constitucional.
Reglas Mandela
Conforme a las normas internacionales, como las Reglas Mandela, una cárcel no debe pasar de 500 personas privadas de libertad; sin embargo, La Victoria alberga cerca de 8 mil, la mayoría de ellos preventivos y muchas veces en condiciones infrahumanas.
