El mismo día que el Colegio Médico Dominicano (CMD) dejó sin efecto el paro de servicios que mantenía contra cuatro de las cinco principales administradoras de riesgo de salud, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) amenaza con paralizar los servicios a usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa). Es la de nunca acabar.
Durante meses, miles de afiliados a aseguradoras privadas padecieron un viacrucis porque la mayoría de los galenos exigían pagos completos de honorarios por consulta y otras atenciones profesionales, al no aceptar ninguna tarjeta de seguro médico.
Como si fuera poco, llovieron denuncias de que las ARS no reembolsaron el dinero pagado por los cotizantes, lo que se traduce en doble abuso: los médicos por exigir pago en efectivo y las aseguradoras por no reembolsarlo, lo que demuestra que en cuanto a salud el Sistema de Seguridad Social es menos que un adefesio.
La Andeclip convocó para este viernes a una asamblea con sus 116 miembros para considerar la posibilidad de suspender los servicios a afiliados a Senasa, la más grande del mercado, lo que implica riesgo de no permitir internamiento, servicios de laboratorio ni otras atenciones a miles de usuarios.
El presidente de la entidad que aglutina las clínicas privadas, doctor Rafael Mena, declaró que los ejecutivos de Senasa rehúsan aceptar el reclamo de reajustar en un 25 % las tarifas por servicio que, como dijo, aceptaron las demás ARS, que acordaron un adelanto de un 15 % y posteriormente otro 10%.
Colegio Médico, sociedades médicas especializadas y la Asociación de Clínicas han colocado a millones de afiliados al Sistema de Seguridad Social como escudo en sus batallas gremiales, sin tomar en cuenta que tal proceder atenta contra el derecho a la salud de ciudadanos a los que obligan a pagar doble cotización.
El Gobierno carece de voluntad política para enfrentar al toro por los cuernos, por lo que el Gabinete de Salud prefiere apostar a arreglos de aposento o posiciones filisteas para que un obsoleto régimen de Seguridad Social siga vigente en perjuicio de la población para preservar irritantes privilegios.
De más está advertir que el conflicto entre médicos, clínicas privadas y administradoras de riesgo de salud, ha derivado en una pugna que despedaza el sagrado derecho de la población a recibir asistencia médica, amparado en un sistema de seguridad social obsoleto e inoperante. Tanto abuso no debe permitirse.
