En el panorama mundial, el impulso hacia las energías renovables crece sin la disminución de las emisiones globales.
Santo Domingo.-El 2022 culminó en medio de un proceso hacia la transición energética y una economía mundial sacudida por los rezagos de la pandemia, creciente inflación, el conflicto entre Rusia y Ucrania, el aumento de los costos de la energía y el declive de la seguridad energética, eor esto se hace cada vez más necesaria una respuesta que mitigue la posible dependencia a corto plazo de los combustibles fósiles y la disminución de los recursos disponibles para la transición.
El siguiente informe realizado por la firma de consultoría de gerencia mundial, McKinsey & Company analizó la perspectiva global y regional en tres puntos: acciones aplicables a escala global; acciones aplicables a las regiones y sus necesidades y matices locales; y, por último, acciones que los gobiernos, las instituciones financieras, las empresas y los particulares, podrían tomar para encontrar el camino hacia una transición más ordenada.
“La transición es un objetivo que se ha convertido en un reto global, no obstante, los países como República Dominicana, podrían abordarlo desde la perspectiva de la cooperación desde los diversos sectores económicos y sociales que conforman el país. Siendo en parte, una economía apalancada en sus recursos naturales, se vuelve imprescindible orientar esfuerzos hacia la conservación de los mismos”, explicó Antonio Novas, socio y gerente de McKinsey & Company en el país.
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En el panorama mundial, el impulso hacia las energías renovables crece sin la disminución de las emisiones globales.
Un ejemplo de esto se refleja en la demanda que creció un 14 por ciento entre 2011 y 2021, resultando en el aumento de un 5 por ciento, o 1.7 gigatoneladas (Gt) de emisiones CO2 en la última década, mientras que la proporción de energía primaria procedente de combustibles fósiles se mantuvo prácticamente sin cambios, en un 82 por ciento.
A su vez, la conclusión de la COP27 durante diciembre 2022 ha renovado la incertidumbre sobre el camino hacia la transición energética develando que aunque se avanzó en la búsqueda de la cooperación global a través del establecimiento de acuerdos de financiamiento por pérdidas y daños para los países especialmente vulnerables, el progreso en la mitigación de las emisiones siguió siendo en gran medida esquivo.
No obstante los obstáculos más marcados de los últimos tres años, el panorama latinoamericano guarda importantes posibilidades, por ejemplo, la matriz energética en Latinoamérica es relativamente más verde que en otras regiones mientras que el mix energético incluye un 20% de energía hidroeléctrica y países de esta región como Brasil se encuentran entre los mayores productores de biocombustibles.
También tienen un amplio potencial renovable eólico como solar, tal es el caso del desierto de Atacama, en Chile con una capacidad fotovoltaica (PV) de 1800 GW, con factores de capacidad un 20% superiores a los de las mejores ubicaciones de África, Oriente Medio o Australia.
Brasil y Uruguay tienen energía eólica y solar complementaria para un suministro energético más fiable o la producción de hidrógeno verde, mientras que Perú, Bolivia y México tienen un importante potencial solar y a su vez, Uruguay, México y Colombia poseen potencial eólico.
Con una penetración de las energías renovables superior a la media, Latinoamérica también está bien posicionada para convertirse en un gran productor y exportador de derivados del hidrógeno verde (amoniaco verde y combustibles sintéticos).
La región ha creado una amplia cartera de proyectos de este tipo, principalmente en Brasil y Chile, expandiéndose rápidamente a otros países como Uruguay, Argentina y Colombia.
De acuerdo a McKinsey, América Latina puede ser una de las primeras en alcanzar net zero gracias a la abundancia, variedad y calidad de sus recursos de energía renovable, mismos que le permitirían posicionarse como un exportador a gran escala de energía y productos sostenibles derivados de las energías renovables o biomasa – hidrógeno verde, e-fuels, materiales sustentables; así como créditos de carbono vinculados a soluciones basadas en la naturaleza – reforestación, conservación, agricultura sustentable.
En el caso de la República Dominicana, de acuerdo a datos del Consejo Nacional para el Cambio Climático, se aumentó la ambición de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero al país incluir entre sus compromisos internacionales, reducir los gases contaminantes climáticos de vida corta como el carbón negro, el metano, el ozono, y los Hidrofluorocarburos o HFC.
A través de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés), República Dominicana se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 en un 27% respecto al año 2010, por lo que al contabilizar los gases contaminantes climáticos de vida corta, serán mayores los volúmenes que serán reducidos apuntando así al objetivo de ampliar la gestión para la mejora de la calidad del aire en el país a sabiendas de que grandes son los retos que aún quedan por enfrentar.