Participación Ciudadana (PC) se queja de la lentitud de los procesos judiciales anticorrupción ya iniciados, casi todos enfilados contra casos del PLD-danilista, excluyendo exprofeso a Danilo y a otros pejes gordos de ese litoral político.

La verdad es que ese es un problema menor frente a lo que acontece con el compromiso original de las luchas sobre el fin de la corrupción y la impunidad asumida inicialmente por Marcha Verde y manipulada posteriormente por quienes optaron por la reducción de ese tema, profundamente sistémico, al reemplazo del PLD por el PRM con la candidatura de Luis Abinader y sus consecuencias.

Es más que evidente que la acción judicial contra la corrupción PLD-danilista, es una porción muy pequeña del universo de la delincuencia de Estado y de poder en nuestro país; y no solo va lenta, sino que la están extinguiendo o diluyendo. El resto de la delincuencia política, militar, policial y empresarial, sigue protegida.

En estos días, luego de casi 5 años de establecido este régimen, se habla de 300 mafias solo en Bienes Nacionales y faltan por contar las de las demás instituciones civiles y militares del Estado, y sus abundantes asociaciones delictivas con el gran empresariado ¡Habrá que contarlas por miles!

Ese rumbo degradante en cuestiones tan trascendentes se debe a directrices del Departamento de Estado, vía USAID y Embajada de EEUU, asumidas por Abinader y su Gobierno; pactada con el gran capital y con Leonel Fernández, instrumentada con complicidades en el sistema de justicia y aceptada por los dirigentes de diversas ONG financiadas por USAID.

Observen que a esos actores políticos-sociales no les molesta – y no hacen nada para que no sea así- que Danilo y otros jorocones del PLD no hayan sido incluidos en los expedientes presentados; no les importa la megaestafa de Punta Catalina que involucra a tres expresidentes, y menos aún que Leonel y el leonelismo hayan sido protegidos por el gobierno y por todas las instituciones del Estado.

Es notoria la pasividad de la clase dominante-gobernante y de las entidades subordinadas a EEUU, frente a la gran corrupción empresarial, la narcopolítica, los delitos ambientales graves, la criminalidad policial-militar (pasada y presente) y las estafas a cargo de corporaciones transnacionales.

Evaden o manipulan, en dirección a la impunidad, los diversos delitos de Estado relacionados con el poder supremo.
Estas poses respecto a la lentitud de la justicia es una manera de quedarse en las hojas del árbol corrupción-impunidad, sin tocar ni las ramas ni el tronco, mucho menos las raíces del mal.