El saldo de 93 muertos en lo que va de año en intercambios de disparos entre policías y delincuentes, además de ocho agentes policiales fallecidos en servicio, pone al desnudo el auge de violencia delincuencial que afecta al país, como lo demuestra la muerte el domingo de un sargento policial y tres forajidos en enfrentamientos en Santo Domingo Oeste y Villa Mella.

Durante el período enero mayo, han caído a manos de la Policía, un promedio de 18 supuestos malhechores al mes, estadística que contrasta con los reiterados informes oficiales sobre la disminución de los homicidios derivados de la delincuencia y la criminalidad.

La ministra de Interior, Faride Raful, reconoció que el tema es complejo debido a que muchos miembros del cuerpo del orden son atacados a tiros durante los operativos, aunque debe admitirse que la mayoría de esos casos no son investigados porque se asume el criterio policial como bueno y válido.

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El director de la Policía, Andrés Modesto Cruz Cruz, asegura que las acciones que realizan sus agentes responden a “una planificación estratégica” que no incluye órdenes de ejecución, por lo que dijo que todo ciudadano que haya cometido un delito y no enfrenta a la institución, es apresado y puesto a disposición del Ministerio Público.

La muerte a balazos del sargento Adolfo Miguel Mella Brito, y las heridas sufridas por un raso y un civil, durante un enfrentamiento entre una patrulla que repelió la agresión a tiros de supuestos delincuentes, dos de los cuales cayeron abatidos en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, concede razón al director policial en torno a lo que puede ocurrir en los intercambios de disparos.

Aun así, la muerte a balazos de 93 personas en supuestos intercambios de disparos en 2026 es una cifra preocupante porque no parece posible que todos los casos sean según certifica la Policía, y porque si así fuera, la sociedad padece una gran escalada de violencia delincuencial que amerita matar un promedio de 18 delincuentes al mes.

Lo deseable sería que ningún policía resulte muerto ni heridos en intercambios de disparos con presuntos delincuentes, pero resulta imprescindible que cada caso sea investigado de manera firme, profunda y transparente para que en los eventuales episodios en los cuales la autoridad aplica la pena de muerte los responsables sean traducidos a la justicia ordinaria.

Una patrulla policial está compelida a aplicar el monopolio de la fuerza contra cualquier persona que ejerza violencia al momento de su detención, pero cada caso de muertes de civiles en intercambios de disparos debe ser investigado, sin que se acepte de manera automática el informe absolutorio que emite la institución.