Tras su fallida coartada de imponer a los candidatos opositores una camisa de fuerza en las elecciones del 28 de julio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado que en su país se fragua un golpe de Estado.

Con la detención de dirigentes opositores, el impedimento a la Unión Europea para observar las elecciones, el cerco a los gobernadores hostiles al Gobierno y otras acciones represivas, las señales sobre el desarrollo del proceso son perturbadoras.

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Más todavía cuando el propio Maduro declaró que ganaría las votaciones a las buenas o a las malas. Por el control que tiene Maduro de la comisión electoral, los candidatos opositores Edmundo González Urrutia y Enrique Márquez rehusaron suscribir un acuerdo para reconocer el resultado de las votaciones.

Ante su negativa el gobernante los acusó de planear un golpe de Estado en cualquier momento. Basado en los supuestos planes el Gobierno podría anular las elecciones en caso de convertirse en inquebrantable un triunfo de la oposición en las urnas. Puede plantear sus reservas, pero no pasa por alto el amplio respaldo ganado por la candidatura de González Urrutia.